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Ley de inclusión por José de la Cruz Garrido

La Superintendencia de Educación, organismo estatal creado en 2012 para el aseguramiento de la calidad, ha publicado una circular que prohíbe suspender a los alumnos por no tener textos, útiles o uniformes escolares, con el fin de resguardar el derecho a la educación de los jóvenes. En este contexto, los incumbentes acusan desinformación y que la normativa tiene vacíos. Lo primero que llama la atención es que el Gobierno al parecer quiere resguardar el derecho de educación de los hijos pasando por alto a los padres y al colegio. Extraña forma de hacer política pública. Jóvenes y niños serían objeto de un derecho a ser educados, pero restringiendo las medidas disciplinares asociadas a la educación. La disciplina no sería un instrumento educativo, y el contar con útiles escolares tampoco. Entonces, ¿qué es el derecho a la educación?

En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala expresamente que toda persona tiene derecho a la educación, agregando que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». Con esta cláusula uno podría deducir que si bien el derecho a la educación es de la «persona» (adultos y menores), el derecho preferente a escoger la educación es de los padres y no del Estado ni de los niños. El argumento estatista se funda en subordinar el derecho de los padres a educar a sus hijos, en una relectura del derecho a no ser discriminado. Pero cabe aquí la pregunta de si es posible ejercer la educación sin textos y disciplina, y si esto constituye una efectiva forma de discriminación arbitraria, toda vez que los padres eligen educar a sus hijos bajo ese régimen. La respuesta es no. La inclusión que propone el Estado es en principio una violación a un derecho fundamental; pero, además, desde el punto de vista de las consecuencias, atenta contra la educación misma. Se está empoderando a niños con derechos a una edad que no les reconoce discernimiento ni imputabilidad penal o civil. La política educacional del Gobierno sigue en el camino de profundizar en pseudolibertades asociadas a la apariencia, quizá muy populares, en vez de inculcar las verdaderas libertades, asociadas al pensamiento crítico y al apego a las normas cívicas.

Carta publicada en El Mercurio 25/02/2016