Una vez que la “izquierda chilena” se encuentra a las puertas de una nueva bancarrota se ha corrido el velo ideológico de la “dulzura” y ello deja al descubierto la ausencia de convicciones genuinamente democráticas del ecoprogresismo. Podemos sostener que la “ciudadanía informada” ha sido sometida a un escarnio de sus emociones colectivas (igualdad, justicia distributiva, educación gratuita, nueva Constitución, etcétera). A poco andar la opinión pública –informada o no– ha perdido el estupor ante el aluvión de redes de influencias y grupos de presión que ha secuestrado las relaciones del conglomerado oficialista: la crisis del campo político se extiende desde el nepotismo ilustrado de Lagos hasta el irrisorio caso Caval –y así a todo el paisaje político–.

Como bien sabemos, el año 2015 –año del desconcierto– fue donde se marchitaron hasta las últimas representaciones republicanas. De un lado, el ministro Nicolás Eyzaguirre, una vez que salió de la cartera de educación, sobreabundó en intrincadas explicaciones y con extraño pudor no hizo más que impugnar el timing de la reforma que él mismo debía impulsar. De otro, debemos destacar el pundonor (“la fidelidad a toda prueba”) de los asesores ministeriales –ex dirigentes estudiantiles– que estuvo a la altura de tal concubinato.

En suma, todos los actores de esta trama estuvieron a la “altura de su verdad” (clase política, bancada parlamentaria, operadores de ocasión, lobbistas de oficio, Divesup, CNED, etc.). Quizás hay un solo síntoma por rescatar en esta performance: como era de esperar un resurrecto Eyzaguirre no compartía de entrada la necesidad de ficcionar una brecha insalvable entre educación pública y educación privada. No era el personaje idóneo para negar el histórico régimen de provisión mixta sancionado en 1922, ni menos para obviar que en los años 60 la demanda de la educación superior sobrepasaba la oferta estatal y ello forzaba algún mecanismo de desregulación; ese camino era el despeñadero y el impávido economista de Harvard, dadas sus filiaciones elitarias, intentó preservar su controversial imagen pública.

Y así se ha revelado el patrón compulsivo del “ecoprogresismo” que pulula “ladinamente” entre un neoliberalismo avanzado y una socialdemocracia de baja intensidad. Dada la elasticidad de la transversalidad progresista, somos testigos de una acumulación de demandas insatisfechas: los coqueteos de una épica tardía.

La Nueva Mayoría ha insistido en agigantar la brecha entre un tibio populismo –salpicando épicas, lesionando éticas– y la vida cotidiana. Aquí conviene recordar que el realismo, esa especie de acompañante macabro que la “izquierda socialista” patentizó el 12 de septiembre de 1973, dio lugar a un programa cultural que precede por lejos la política de consensos acuñada en los años 90. Hoy en día la coalición del arcoíris se esmera con desenfado –una y otra vez– en adaptarse velozmente a la facticidad de los ciclos políticos. De suyo Bachelet, lejos de representar el símbolo de los cambios comprometidos ante la ciudadanía, es el resultado de una trama –transaccional– de indefiniciones programáticas (¿programa?) y urgencias contingenciales (¿glosa?). Pero ello no debería ser motivo de sorpresa, en su primer periodo la Presidenta apeló a la retórica del “gobierno ciudadano” –paridad de género– y luego terminó en un lamentable affaire con el grupo Expansiva, ahora como “lectora” del malestar ciudadano apeló al principio de igualdad, pero el juego de influencias no tardó en tocar las puertas de Palacio.

Cabe abundar en algunas preguntas para recordar la impúdica actitud gubernamental: ¿es cierto que la ex Concertación –actual Nueva Mayoría– ha experimentado una metamorfosis en el tiempo, una reproducción parental, para extender sus privilegios parlamentarios? En materia de participación ciudadana, ¿ha contribuido este conglomerado a reforzar una batería de políticas públicas que han debilitado los procesos de acción colectiva? En el plano coyuntural, ¿es cierto que esta coalición se “adaptó” ladinamente a las reivindicaciones del movimiento estudiantil –fin al lucro–, aun cuando recluta a sus grupos parentales en colegios de elite, participando de los mismos rituales selectivos que condena públicamente?

Con relación a los sucesos del año 2011, ¿es veraz que estamos ante una elite política que ha alimentado la “inflación discursiva” de la demanda social encabezada por el movimiento ciudadano (2011) y ahora –aunque descreída y fuera de sí– enarbola un desgastado programa de reformas? Por último, desde un “juicio de hecho”, ¿su clase dirigencial –Burgos, Walker, Lagos, Tironi y Solari– han participado “legítimamente” de paneles de expertos, juntas de accionistas y directorios de empresas privadas perpetuando la reproducción elitaria? La respuesta a todas estas afirmaciones es contundente y resulta majadero volver a reiterar esta consabida evidencia empírica. No hay lugar para la vacilación. Más luces que sombras, más simulacro que acciones reales.

Todo resulta inescrupuloso, propio de ese concertar que, de un lado, aprecia profundamente la gobernabilidad institucional, y de otro, tiene una perversión afectiva hacia las prácticas del consenso que ha protagonizado en los últimos dos decenios.

Como bien sabemos hay razones muy poderosas para cancelar la comunicación política con esta coalición. Por lo mismo, cabe reiterar “algo” que abunda en el malestar ciudadano: hoy más que nunca es necesario mitigar las expectativas que la Nueva Mayoría sigue inflando por cuanto existe un “capital humano” –irreductible– dentro de la coalición que en los últimos dos decenios ha participado entusiastamente de una gestión instrumental que hace compleja la viabilidad de los cambios comprometidos –pese al mentado relato igualitario que obra cual espectro para obstruir la propia modernización cimentada desde 1990–. Ello nos lleva a pensar que la “generación del miedo” (G90) no oólo se explica por los llamados “enclaves autoritarios” con que Manuel Antonio Garretón retrató los años de la transición, sino por un “ethos elitario” vinculado a los beneficios de la “matriz del commodity” que se agudizaron drásticamente bajo la elite concertacionista.

La desmedrada reforma educacional promovida por la coalición del arcoíris se relaciona, de una u otra manera, con interrogantes que no tienen respuesta. Querríamos pensar –con cierta cuota de candidez– que aún se puede persistir por un nuevo modelo de inclusión ciudadana. Pero el “bicameralismo psicológico” de la Nueva Mayoría respecto a la modernización que implementó en los últimos 25 años obstruye todas las opciones posibles. Cabe aclarar que NO se trata de una mala consciencia con la cual esta coalición conviva cotidianamente; hay destellos puntuales (2006 y 2011), o bien, recuerdos ebrios que la hacen retrotraerse temporalmente, puntualmente, a una mirada más sagaz de la sociedad chilena –que en materia de educación superior vino a expresarse en una inusitada oferta estatal–. Pero son momentos fugaces de la elite política y no un eventual desgarro entre autoflagelantes y autocomplacientes. A la luz de la evidencia es imposible ir más allá del nihilismo de izquierda –oportunismo bicameral–.

De este modo, queda configurado un “diagnóstico de la derrota”, y también una narrativa ideológica para delimitar las fronteras entre redimidos-conversos a la “sociedad del commodity” (sin pudores) y críticos-resistentes al modelo económico-político de la reconstrucción democrática. Durante estas últimas dos décadas, la frontera señalada no ha sido una delimitación infranqueable que nos permita dar cuenta de identidades políticas maduras, sino de una “elite líquida” que cultiva las nuevas formas del socialismo neoliberal y cuestiona antojadizamente las actuales configuraciones de elitización política. Tras el transcurrir de la democracia chilena, ha quedado en evidencia (una vez más) que estas identidades políticas –cual sujetos nómades– pueden transgredir una y mil veces las fronteras ideológicas, y hospedarse sin demasiados escrúpulos, en un lado u otro del paisaje político.

Quizás hubiera sido de menor costo público –en términos de legitimidad ciudadana– sincerar el tenaz gatopardismo y asumir la condición pendular de esta coalición. Debemos recordar que el gobierno de Patricio Aylwin sancionó la dinámica de los consensos. Más allá de su impopular y ácido axioma ante el mundo ecoprogresista fue capaz de explicitar, a su manera, la ambigüedad fundante de la coalición del arcoíris: ¡justicia en la medida de lo posible!, no era el refrán elaborado para los años 90, sino la verbalización de la “consciencia cínica” de los partidos de la transición.

Ejemplos abundan. De un lado, dirigentes políticos convencidos de la exuberante arquitectura de la transición chilena a la democracia, la bullada estabilización institucional de Boeninger; de otro, “tecnólogos de Estado” que pontifican la eficacia de la política pública focalizada. A ello se suman, de cuando en vez, en una escena bufa, actores que traspasan la frontera institucional y se transforman en agudos críticos de la democracia pactada y la despolitización de los actores sociales. En materia de educación superior –bajo el reinado del Laguismo– la complacencia con la cobertura y las virtudes de la masificación universitaria hasta el año 2010 era una cuestión indesmentible, después sobrevino un simulacro inducido para tratar de capitalizar políticamente los malestares del año 2011; en lo coyuntural el Mineduc y sus chascarros sobre la gratuidad. El cuestionamiento a la PSU como un filtro de clases (OCDE, 2008), cuya exclusión tiende a perpetuar los capitales culturales y la selectividad, no encontró mayor apreciación en la elite política. Un conjunto de indecisiones propias de un “neoliberalismo de izquierdas” que se proponía cercenar el mapa universitario con el inusitado “ofertón” de gratuidad universal. A poco andar la Presidenta del PS, Allende sin Allende –¡nobleza obliga!– expuso la necesidad de dosificar la aplicación de la reforma educacional y emplazó a la opinión pública a mantener la tarea igualitaria como un horizonte ético –realismo mediante– y no exacerbar los espíritus del cambio.

Por más de dos décadas la izquierda chilena se ha restado a pensar otras formas de acción colectiva; la efectiva participación ciudadana; la ampliación de la iniciativa política y la reelaboración de las relaciones entre socialismo y mercado, etc. La frontera ideológica es una demarcación utilitaria que es el expediente de turno para identificar al “socialista indexado” a la modernización (PS), o bien, el partido de la hoz y el martillo obstinado en obrar desde un diagnóstico similar al tiempo del Frente Popular (1938), que se mantiene aferrado a un insobornable conformismo burocrático (PC).

Incluso, si en plena transición quedaba alguna afección con un tiempo de fracturas, es un dato de la causa que la “consciencia cínica” se encuentra plenamente naturalizada en la racionalidad del ecoprogresismo. Finalmente, conviene recordar que toda comunidad herida tiende a la autovictimización: allí solo prima la denuncia, el testimonio y el resquemor político. Frente a este paisaje preñado de incertidumbres podríamos retomar humorísticamente una pregunta ancestral: ¿qué hacer? Pero, a decir verdad –ante esta crisis de narrativa y ausencia de cauces–, es más saludable hablar desde el silencio.

Columna publicada 15/01/2015 en El Mostrador