Así como Santiago, Chillán ha visto en alza los delitos inás complejos. La Fundación Paz Ciudadana pide medidas preventivas.

Donde parece haber más coincidencia es en la necesidad de una mejor coordinación entre fiscales del Ministerio Público y las policías. Ayer, el gobierno dio un paso hacia este objetivo.

Desde hace varios meses que el tema de la delincuencia se ha tomado la agenda ciudadana en el país, principalmente debido a delitos de alta connotación social que han sido mediáticamente conocidos por la opinión pública y han exacerbado los niveles de temor de la población. Y a la luz de las cifras, el problema delincuencial ya no es exclusivo de la Región Metropolitana. En Chillán los delitos de Robo en Lugar No Habitado han aumentado un 21% de acuerdo a los antecedentes contenidos en la Plataforma de Análisis Criminal Integrado (Pacic) de Carabineros de Chile.

Según esta misma plataforma, en Chillán se han registrado un aumento del 47% en los robos de vehículos y de un 15% en los robos de especies dentro de un vehículo, tan solo en el último año. Igualmente preocupante resulta el alza de un 48% en los delitos de receptación y robos con violencia (25%) entre 2014 y 2015. Por otra parte, en Chillán Viejo todos los delitos más violentos han registrado un aumento siendo uno de los más preocupantes los robos de vehículos (56%) y robos de especies dentro de un vehículo (72%).

En este contexto, la Fundación Paz Ciudadana ha tomado mayor protagonismo en este debate al plantear medidas in gentes que debiese adoptar el gobierno para frenar esta escalada delictual. Entre ellas se propone regular las funciones preventivas de las policías, incluyendo el control de identidad y registro de equipajes, ropa, y vehículos; modificar el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente o crear un Servicio Nacional de Reinserción y Penas Alternativas.

En un reciente debate realizado en la Universidad del Desarrollo, con presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, los senadores Alberto Espina y Felipe Harboe entregaron distintas visiones de cómo abordar esta problemática. Y en donde parece haber más coincidencia es en la necesidad de una mejor coordinación entre fiscales del Ministerio Público y las policías. Sin embargo, Fundación Paz Ciudadana también ha pedido poner especial cuidado con otros indicadores, como la amplia impunidad en torno al mercado de reventa de bienes robados y el hecho que el 85% de los delitos contra la propiedad no tengan imputado conocido y sean archivados.

En este contexto, ayer se realizó una reunión denominada «Diseño Operativo Antidelincuencia», en que el ministro del Interior Joige Burgos, anunció un trabajo de coordinación entre las diferentes instituciones que participan del proceso penal y medidas específicas donde destacan implementar el paite digital en 53 comunas del país, capacitación para funcionarios operativos y potenciar el trabajo de análisis criminal entre el Ministerio Público y las policías.

Editorial publicada 29/07/2015