“En materia de orden público, los chilenos no pueden esperar más. Hago un llamado a todos los sectores políticos a hacer valer el Acuerdo por la Paz pactado transversalmente y aprobar los proyectos de la Agenda de Seguridad”, escribió esta mañana en Twitter el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward. Sin embargo, aunque La Moneda, a través de este tipo de mensajes, ha tratado de compartir la responsabilidad, a nivel de encuestas, los datos comienzan a mostrar que el Gobierno es el principal perjudicado por los episodios de violencia y desorden público.

La encuesta Cadem dada a conocer anoche mostró que la aprobación al Presidente Sebastián Piñera cayó a 10% (tres puntos menos que en la última semana) y que en los últimos meses, desde el estallido de la crisis social, no ha podido empinarse más allá de 14%.

En tanto, el atributo de autoridad y liderazgo del Presidente, según la misma encuesta Cadem, bajó de un 58%, en septiembre, (antes de la crisis) a un 23%, en la última semana. Cadem también entrega otro dato del impacto en la imagen del Ejecutivo con la consulta de ¿quién ha sido el más perjudicado con la suspensión de la PSU? La mayoría responde que los estudiantes son los más afectados (ver gráfico), pero segundo aparece el Gobierno (12%) y, en tercer lugar, el Ministerio de Educación (8%).

Por el contrario, solo un 1% menciona como perjudicado a la DC, el PS, el PPD, mientras que un 0% registra el Frente Amplio, a pesar de que este último conglomerado fue criticado por tener una posición condescendiente con el boicot a la PSU.

Un escenario así, donde la oposición presuntamente estaría pagando un bajo costo por el desorden público, podría entrampar aún más soluciones legislativas, ya que oponerse a la Agenda de Seguridad de La Moneda no tendría mayor impacto.

Pese a ello, el ministro Ward insistió en que “es clave que hoy el Senado apruebe” el proyecto Antisaqueos y Antibarricadas, que está en manos de Senado y que podría pasar a tercer trámite a la Cámara. El secretario de Estado, además, agregó que “pondremos discusión inmediata a la reforma que faculta al Presidente disponer de las FF.AA. para el resguardo de infraestructura crítica”.

Fuego amigo

El problema para el Ejecutivo se complica porque desde el propio oficialismo han comenzado a surgir críticas al manejo del orden público. Estos cuestionamientos provienen principalmente desde la UDI. Incluso en su Consejo General del fin de semana, el gremialismo insistió en que resulta fundamental restablecer el orden público, mientras que la Comisión Política del partido, ya había declarado el pasado 6 de enero, que esta “es una responsabilidad del Gobierno” que requiere del compromiso de las fuerzas políticas.

Además, el senador RN Manuel José Ossandón, quien es partidario de votar “Sí” por una nueva Constitución en el plebiscito de abril, viene sosteniendo desde la semana pasada que quienes se oponen a una nueva Carta Fundamental, con el argumento de que no existen condiciones sociales y políticas, también atacan al Ejecutivo. “Ellos lo sustentaron sobre una base equivocada (…) omiten que quien tiene que mantener ese orden es nuestro Gobierno, nuestro Presidente”, dijo en Mega el viernes.

Consultado por “La Segunda”, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, contextualiza que “desde el 18 de octubre hemos avanzado en la recuperación del orden público pasando de cerca de un centenar de eventos graves diarios a dos o tres en promedio por cada jornada”. “Sabemos que nos queda mucho por hacer y estamos trabajando intensamente y de manera coordinada con intendencias, gobiernos regionales y policías para alcanzar la tranquilidad y paz social que todos demandan”, señaló Galli.

Efecto boomerang

Según el director de Activa Research, Ramón Cavieres, “el Gobierno está en un escenario doblemente complejo, porque por un lado no ha sido capaz de imponer orden, y por otro la ciudadanía le asigna la responsabilidad”. Cavieres explicó que “el Gobierno es quien debe liderar el tema del orden público y, si no lo hace, se le transforma en un boomerang muy significativo”. Y agregó que la herramienta que tiene para mantener el orden público “es Carabineros, y en la medida en que esta institución está muy criticada, muy maniatada, esa herramienta se vuelve compleja”.

Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), afirmó que “la primera función del Estado es garantizar la seguridad ciudadana, y cuando eso no se logra es muy probable que le termine repercutiendo a quien ejerce ese cargo (el Gobierno) y no a quienes han provocado la violencia”. “Este es un movimiento muy inorgánico, sin vocero ni petitorio, por lo que no me sorprendería que la ciudadanía terminara castigando al Gobierno, por más injusto que eso pueda ser”, dijo Alvarado.

Para Gonzalo Müller, analista político UDI y docente de la Facultad de Gobierno UDD, “las fallas en el orden público sin duda afectan la evaluación del Gobierno”. Según su análisis “el sistema político está siendo responsabilizado”, pero asegura que “el que no exista una condena unánime contra la violencia, hace ineficaces los esfuerzos”.

En tanto, la socióloga y directora de Espacio Público, Lucía Dammert, señaló que “la falta de orden público perjudica al Gobierno y a las policías, que son las encargadas y responsables de mantenerlo. La ciudadanía reclama orden y efectividad sin violación de derechos humanos y el mundo de la política es visto al debe”.

Según Dammert, “el Gobierno ha demostrado muchas debilidades. Todavía estamos a la espera de una verdadera propuesta de reforma integral y estructural de las policías”.