El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Patillo, informó este lunes que un auditoría interna había detectado «indicios de manipulación» en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante, al menos, agosto y septiembre del año pasado. Ello habría provocado una diferencia de 0,1 puntos porcentuales en el indicador, agregó el funcionario, quien no descartó, sin embargo, que las alteraciones podrían haberse extendido por más tiempo, por lo que se está haciendo una revisión exhaustiva del índice entre 2016 y 2019.

La dirección del INE ordenó un sumario interno y suspendió, de manera temporal, al jefe del Departamento de Precios de la entidad. Además, interpuso una denuncia por presuntos ilícitos en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ha instruido diligencias como la incautación de computadores y teléfonos. El Ministerio de Economía, del cual depende el INE, respaldó las medidas adoptadas por el instituto.

No está claro, con la información oficial disponible, cuál es el efecto real de las irregularidades, ni a quién podría haber favorecido una eventual manipulación. Además de las variaciones en los contratos indexados en Unidades de Fomento, que involucran a un alto porcentaje de la población, hay que observar también el impacto en las operaciones financieras —por ejemplo, en las mesas de dinero— en las que se utilizan activos denominados en UF. Lo que sí es evidente es que este episodio es un duro golpe, en primer lugar, a la credibilidad estadística, un valor fundamental en el ordenamiento económico del país. Y, en términos más amplios, a una confianza institucional que se encuentra severamente cuestionada, como acaba de confirmar la última encuesta de la Facultad de Gobierno de la U. del Desarrollo.

No se trata, por cierto, del primer traspié del INE. Con menos impacto que el fiasco del Censo 2012, episodios como la subestimación de la inmigración en las cifras de empleo, que el Banco Central advirtió en agosto de 2018, han minado su credibilidad. Las críticas que algunas autoridades del Gobierno han hecho a las estadísticas de empleo, deslegitimándolas, tampoco ayudan en dicho sentido.

No hay que ir muy lejos —Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner— para constatar el daño que puede causar a la economía una institucionalidad estadística cuestionada y poco confiable para los agentes económicos.  Por lo mismo, más allá de la reacción que han tenido las autoridades del INE, y las responsabilidades que las investigaciones determinen frente a este episodio, parece urgente hacer un esfuerzo superior, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, por sacar el diseño de la institucionalidad estadística de la guerrilla política y dotarla, cuanto antes, de un marco legal y técnico sólido y ampliamente consensuado.