La semana pasada, el Gobierno oficializó los detalles del nuevo plan de descontaminación de Santiago que considera que los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011 tengan restricción dependiendo del número en el que termina su patente (un dígito diario entre mayo y agosto). Esta medida regirá solo para el interior de la circunvalación de avenida Américo Vespucio y afectará a cerca de 110 mil vehículos diarios.

Como efecto de lo anterior, los inscritos después de septiembre de 2011 podrán circular de manera permanente durante el invierno, aunque se decrete preemergencia o emergencia ambiental.

Esto último es un cambio respecto de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando todos los vehículos con sello verde —sin importar su año de inscripción— se veían expuestos a tener restricción (dependiendo del dígito en que terminaba su patente) si es que se decretaba alguno de esos episodios críticos.

Según cifras del Ministerio de Transportes, el parque automotor de la Región Metropolitana llega a 1.939.751 vehículos, de los cuales 1.904.020 tienen convertidor catalítico. Entre esos últimos, 808.020 fueron inscritos después de septiembre de 2011. Es decir, de todos los vehículos de la capital, el 41,6% se eximirá de tener restricción debido a su fecha de inscripción.

La ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, fue crítica respecto de la decisión que afecta a los catalíticos inscritos antes de 2011 y sostuvo que “lo que no parece justo de este plan es que se termine castigando a quienes adquirieron con esfuerzo un catalítico y no tienen recursos para renovar su auto”.

Impacto

Alejandro Tirachini, coordinador del Magíster de Ingeniería en Transportes de la Universidad de Chile, sostiene que “hubiese sido mejor restringir la circulación de estos vehículos (posteriores a 2011) en días de alta contaminación, para haber dado una señal más potente en contra de la contaminación” y hacer que la gente opte por el transporte público o bicicleta.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) —miembro de la Comisión de Transportes— sostuvo que “esto se deberá evaluar afuturo, sobre todo pensando en la cantidad de preemergencias y emergencias” que puedan decretarse en la capital, así como por “la efectividad que tiene la restricción para catalíticos”.

Mientras, su par de la comisión del Medio Ambiente, Cristina Girardi (PPD), advierte que “estas medidas hacen que uno crea que hay una autoridad que se está preocupando del tema, pero finalmente se sigue sacrificando a la gente y a la calidad de vida de quienes viven en el sector”.

Pero la ministra Cubillos asegura que más importante para la calidad del aire son las medidas estructurales, como “el recambio de buses por norma euro 6, la prohibición total de uso de leña en el Gran Santiago y la meta de 30% de reducción de emisiones de la industria”.

Coincide Rodrigo Troncoso, investigador del Centro de Políticas Públicas de la U. del Desarrollo, quien plantea que, en su mayoría, los vehículos bencineros livianos “no son responsables de las concentraciones de MP 2,5”.