El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, reconoció finalmente que se negó a firmar el decreto que la Presidenta Michelle Bachelet había preparado para cambiar el uso del penal de Punta Peuco a solo horas del cambio de mando presidencial del 11 de marzo.

A su juicio, haber dado curso al mandato de la exJefa de Estado «lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena». Por ello, recalcó que «con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo».

Ante los dichos de Campos, el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, comentó que «se supone que los ministros deben obediencia a la Presidenta de la República. Y si no están de acuerdo con sus medidas, entonces lo más sano es renunciar».

No obstante, recalcó que «el problema es que si la decisión fue a última hora, entonces la Presidenta transformó a Campos en un «actor de veto». Se dio el gusto de no firmar porque sabía que a un día de entregar el mando, era impresentable renunciar».

«El gobierno completo quedaba expuesto a un ridículo público. Por lo demás, la decisión de Campos evitó un conflicto de mayor envergadura dentro de lo que queda de coalición y entre el gobierno saliente y el gobierno entrante», añadió.

En ese sentido, Morales justificó a Campos señalando que «no es serio tratar de hacer un cambio de estas características a pocas horas de entregar el poder. Eso es propio de países inestables. Ha costado muchísimo colocar a Chile como un país respetuoso de sus normas».

La misma opinión tuvo el director del Programa de Opinión Pública de la UDD, Gonzalo Müller, quien sostuvo que «el que se use la lealtad como una manera de silenciar a Campos desconoce que primero como ministro de Estado, la lealtad primera es consigo mismo».

«Y si él consideró que lo que se le estaba pidiendo era un hecho ajeno al cumplimiento de su rol como ministro, tenía todo el derecho de rechazarlo. Creer que los ministros tienen la obligación de decirle que sí en todo al Presidente, es no entender el rol de ministro», dijo.

En esa línea, Müller indicó que «lo que se le estaba pidiendo era algo que iba más allá de lo que sus atribuciones y que era un acto que podía llegar a transgredir el ordenamiento jurídico. Entonces, me parece razonable que haya dicho que no estaba dispuesto».

Argumentos

Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que la forma en que el ex secretario de Estado dio a conocer su postura lo puso en una compleja posición, ya que abre la duda de por qué se opuso a Punta Peuco y no al nombramiento del ex fiscal Luis Toledo como notario de San Fernando.

«El gran problema para Campos es que el gobierno también hizo un nombramiento de última hora con el exfiscal Toledo. Campos habría quedado en mejor pie en caso de haber rechazado ambas propuestas», dice Morales.

«Campos no puede decir que está en contra de decisiones de última hora, pues accedió a una de esas decisiones. En tal sentido, la conducta del ex ministro fue errática y -para empeorar las cosas- deja al gobierno con una imagen aún más deteriorada», añadió.

En tanto, Müller señaló que «el exministro Campos ha sido muy reactivo, nunca tomó la iniciativa en términos de hablar o defender su posición. Siempre fue requerido luego de que otros miembros del gobierno hicieran alusión a conductas que él habría realizado».

«Entonces, yo creo que a la hora de distribuir las responsabilidades, él siempre ha tratado de solamente reaccionar frente a los dichos de otros», concluyó.