La Ley de Inclusión entró en vigencia el 1ro de marzo del año pasado, y de esta forma comenzó a regir paulatinamente el fin del lucro, la selección y el copago. Todo partió en Magallanes, donde más de 3.300 alumnos que postularon a través de un sistema en línea a los colegios fueron seleccionados aleatoriamente.

Este año el sistema se extiende a las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos en niveles iniciales como kínder, séptimo básico y primero medio. Este sin duda es un gran cambio para los sostenedores, de los cuales la mayoría dice que aún hay incertidumbre respecto a la compra de los inmuebles escolares y otras situaciones que se prestan dentro de un colegio y por lo mismo, estudian una ofensiva judicial.

¿Por qué? La Ley de Inclusión original obliga a quienes quieran seguir siendo colegios subvencionados a transformarse en entidades sin fines de lucro y ser dueños del inmueble donde se emplaza el establecimiento: O sea, se suman al régimen de gratuidad escolar, se transforman en particulares pagados , o simplemente, cierran.

Para entender cómo ha sido este proceso, conversamos con el director del Magister en Políticas Educativas de la UDD, Mauricio Bravo, quien nos explicó que esta ley sólo va a generar menos inclusión, que el diagnóstico de la educación chilena está mal hecho porque se le critica absolutamente todo, y también hace referencia al copago, que de acuerdo a él, “se le acusa de ser un factor de segregación” siendo que varios estudios demuestran que si se elimina, esta última situación “bajaría marginalmente”.