Cristián Larroulet
Profesor Titular, Universidad del Desarrollo
LAS POLÍTICAS públicas relacionadas con las pensiones afectan fuertemente la calidad de vida de las personas durante décadas. Ello exige que los gobiernos promuevan la búsqueda de acuerdos amplios a través de debates transversales, serios y responsables, al margen de la lógica propia de las campañas electorales.
Por lo anterior, resulta lamentable que respecto del destino del 5% de cotización adicional, la ministra del Trabajo haya declarado que «todo será en cuentas personales administradas por un ente público, porque estamos claros: ni un peso más a las AFP». ¿Existen estudios de expertos que avalen esta afirmación? Si se considera que este 5% extra será mejor administrado por un «ente público» en lugar de las AFP , entonces ¿por qué dejar en sus manos la cotización del 10%? ¿O acaso estamos frente a una mera consigna basada en un prejuicio ideológico como el «No + AFP»?
Aspirar a una vejez más digna para todos no solo es un deseo noble sino también una meta posible. Pero para avanzar hacia ella y no dar pasos en falso, tenemos que caminar sobre terreno firme con los ojos bien puestos en la realidad de los hechos y no en el vacío de las palabras. Y los hechos son claros.
En primer lugar, quienes responsabilizan a las AFP por el bajo nivel de las pensiones respecto de las expectativas de los afiliados, ignoran o callan que gracias a la buena administración de las AFP, la rentabilidad de los fondos de pensiones ha superado el 8% real anual en 35 años, período en el cual jamás se ha perdido un solo peso del ahorro de los chilenos.
En segundo lugar, el problema de las pensiones bajas se relaciona con la existencia de lagunas previsionales, ahorro insuficiente, períodos de desempleo y el bajo crecimiento de los salarios y la informalidad del trabajo, todo lo cual se suma al aumento de las expectativas de vida. Si queremos aumentar las pensiones, tenemos también que generar más y mejores empleos, recuperar la capacidad y el ritmo de crecimiento, incrementar el período de cotización e incentivar el ahorro, entre otras medidas.
Una medida efectiva es la cotización adicional de 5%, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que los trabajadores sean dueños de este dinero y segundo, que su manejo no signifique pagar costos extras. La primera condición se materializa depositando el 5% adicional en la cuenta individual de los afiliados. Y la segunda se cumple permitiendo que las AFP lo administren con el resto de los fondos previsionales, lo que implica que no hay costo adicional para los trabajadores.
Esto no solo es lo más justo sino además lo que desea la mayoría de los chilenos, de acuerdo a la encuesta Adimark de enero pasado, que reveló que 61% de los afiliados a las AFP quiere el 5% extra en su cuenta. Darle otro destino al 5% adicional significa convertirlo en un impuesto al trabajo que frenará el empleo e incentivará la informalidad y precariedad de las condiciones laborales, deteriorando aún más las desigualdades en el país y el ahorro necesario para una vejez digna y tranquila. Justamente lo contrario que pretende la ministra del Trabajo. Respetar la propiedad de los chilenos y la buena administración sobre el 5% extra no importa desconocer la necesidad de ampliar la cobertura y aumentar las pensiones solidarias. Sin embargo, no es justo que el fortalecimiento del Pilar Solidario sea a costa del ahorro para la vejez de los trabajadores dependientes, por lo que éste debe financiarse con cargo al presupuesto general de la nación, aplicando la progresividad propia del sistema tributario. Esperamos que cuando el gobierno presente su proyecto podamos decir lo mismo que expresó la Presidenta Bachelet en 2008, a propósito de las nuevas pensiones solidarias:»Con la reforma previsional no gana este grupo o aquel otro, sino Chile en su conjunto».
Sistema de pensiones más allá del 5%
Andrés Solimano
Doctor en Economía, MIT
EL SISTEMA de previsión social chileno, fuertemente privatizado, enfrenta múltiples problemas estructurales . Como, por ejemplo, bajas pensiones, altísimas tasas de ganancias de las AFP, volatilidad de las pensiones ante los vaivenes de los mercados financieros, redireccionamiento del ahorro previsional hacia los grandes conglomerados económicos, exportación de parte de los ahorros pensionales, desnacionalización de la industria, ausencia de estándares de asignación socialmente responsable de los fondos de pensiones, nula participación de los afiliados en el manejo de las AFP, comisiones implícitas poco transparentes, grandes brechas de beneficios entre hombres y mujeres, y entre civiles y militares.
Después de tres años, la actual administracion no ha podido mostrar avances reales en esta materia, a pesar de la Comisión Bravo y de un Comité de Ministros, que sesionó por un tiempo. En la actualidad el tema está en manos del Ministerio de Hacienda (no del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), que conduce un diálogo a puertas cerradas con las AFP y los partidos políticos. Quizás se llegue a un proyecto de ley pero éste tendrá escasa legitimidad social. Por otra parte, la ciudadanía sale periódicamente a la calle, en grandes números, para pedir un nuevo régimen previsional pero el sistema político es incapaz de procesar esta demanda. Desde los anuncios presidenciales de agosto del 2016, el debate se ha centrado en qué hacer con el 5% de cotización a cargo de los empleadores, lo que ha despertado una soterrada lucha por quién se lleva la administración de este porcentaje: las AFP, interesadas en administrar los nuevos fondos, o un fondo colectivo cuyos contornos no se entienden bien.
Hay que cambiar el enfoque, presentando soluciones integrales, discutidas frente a la ciudadanía. La experiencia internacional ofrece una valiosa ayuda en esta materia: como lo muestra el Banco Mundial y la OCDE en sus informes, la gran mayoría de los países del mundo tienen sistemas públicos de reparto, a los que les hacen ajustes en atención a cambios en demografía, productividad y situación fiscal. Los esquemas privatizados de previsión social son minoritarios y varios países los han abandonado a partir del 2008. Chile se ha transformado en una anomalía internacional, aferrándose al sistema privatizado de las AFP.
¿Qué hacer? Primeramente, la seguridad social debe ser un derecho y no un negocio privado.
Segundo, las personas deben ser capaces de escoger el sistema de pensiones (público o privado, o una combinación de ambos) que prefieran.
Tercero, el decreto ley 3.500 de 1981 que asegura el monopolio de las AFP sobre las cuentas individuales debe ser derogado a la brevedad: se debe permitir a las personas la posibilidad legal de desafiliarse de las AFP, si así lo prefieren y trasladarse a un nuevo pilar público contributivo de reparto, administrado profesionalmente por un IPS fortalecido.
La experiencia de países que desprivatizaron sus sistemas de pensiones como Polonia, Hungría y Argentina, muestra que entre el 80 % y 90 % de las personas prefirieron el pilar público, aunque los recursos que se trasladaron son entre 60 % a 70 % del total. El resto quedó en un sistema reformado de cuentas individuales. En Chile el pilar de cuentas individuales debe ser abierto a entidades sin fines de lucro y gremiales y no ser exclusividad de solo seis AFP.
En este contexto, la cotización adicional de los empleadores más la cotización del empleado irían al pilar elegido por los cotizantes.
Devolvamos a la gente la opción de escoger en materia previsional, apoyados en una ciudadanía activa y en un Estado reformado que recupera su rol histórico en la provisión de seguridad social.
