En Chile se están vulnerando los derechos de muchos niños, niñas y adolescentes. La razón es simple. A pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, nuestras políticas de infancia se encuentran muy rezagadas respecto de lo que cabría esperar de un país con nuestro nivel de desarrollo. Pese a las buenas intenciones de diversos gobiernos para satisfacer este tratado internacional, los esfuerzos y resultados han sido muy insuficientes. Es por esto que hacemos un llamado a todos a tomar conciencia de la situación de transgresión de derechos en que están muchos niños, y a actuar en forma decidida y con un mayor sentido de urgencia.

Es hora de que se materialice una política de infancia alineada con la Convención, que supere las miradas sectoriales parciales, y que asegure la prevención, respeto, promoción, protección, garantía y restitución de los derechos de todos los niños y niñas. Una política que vaya más allá del gobierno y de los intereses políticos y económicos particulares, y nos convoque a todos. Una política de Estado que sea primera prioridad no solo en los discursos, sino sobre todo en materia de recursos y que convoque las mejores capacidades de diseño e implementación disponibles.

La Convención, hay que recordarlo, no nos obliga a lo imposible, sino a lo mínimo éticamente aceptable. Exige articular un conjunto de derechos básicos de los niños sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación. Para ello les exige a los países firmantes que los niños se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y apoyo, tengan acceso a servicios como la educación y la atención de salud, puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos y crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, entre otros.

Las exigencias de la Convención han sido validadas una y otra vez por la ciencia. Si la experiencia de los niños transcurre en un ambiente saludable, estable, estimulante y protector, podremos aspirar a tener niños y adultos más sanos, capaces de desarrollar sus proyectos de vida en comunión con los demás. En cambio, si viven en espacios de adversidad biopsicosocial, sabemos que experimentarán alteraciones en el desarrollo de sus cerebros, del sistema de respuesta al estrés y de los circuitos regulatorios metabólicos. Ello afectará el desarrollo de sus capacidades cognitivas y socioemocionales, serán niños y adultos más enfermos, que generarán mayor carga social y que se verán imposibilitados de vivir una vida plena y compartir apropiadamente con la sociedad en la que viven.

Asimismo, la investigación y la experiencia en la aplicación de políticas públicas nos han enseñado mucho respecto de las intervenciones que se pueden hacer para lograr que los niños vivan en esos ambientes estables y estimulantes. Sabemos, al mismo tiempo, que esos ambientes no están presentes en las realidades de muchos niños. Por ejemplo, uno de cada cuatro niños ha sufrido abusos graves y casi 9% ha sufrido abuso sexual (Unicef). Estas cifras no dan tregua. Desde 2000 se han mantenido muy estables. No es casualidad. Estos problemas no se han atendido con la urgencia debida.

Esto pasa por iniciativas que permitan ir reduciendo esos ambientes de adversidad. Para eso se requieren políticas integradoras y transversales, que incorporen a la sociedad civil. No basta, por ejemplo, con una buena intervención educativa si al mismo tiempo los niños afectados por ella viven en un contexto familiar o vecinal de violencia, excesiva desconfianza o absolutamente segregado. Y esas políticas deben colocar a las familias al centro, y otorgarles las herramientas y los apoyos para que puedan entregar las experiencias apropiadas para el aprendizaje y desarrollo al niño.

Por cierto, la preocupación por la infancia requiere ser acompañada de recursos y buena gestión de los mismos. De hecho, como país nos comprometimos, en la citada Convención, a que la adopción de esas medidas se lleve a cabo «hasta el máximo de los recursos de que se disponga y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional». Estamos conscientes de que los recursos públicos son escasos, pero ello no nos impide constatar que, en la actualidad, las prioridades en su uso están muy alejadas del compromiso asumido y a menudo se destinan a iniciativas que no tienen el retorno social que supone el fortalecimiento de nuestro compromiso con la infancia. Asimismo, todas las políticas públicas que afectan a los niños deben ser evaluadas en función de su impacto en su desarrollo y sus derechos.

Son muchas las falencias en nuestras políticas, pero quizás ninguna es tan visible para la sociedad como la situación del Sename. Los déficits de esta institución son enormes. Por nombrar algunos: faltan especialistas para diagnosticar y atender los severos problemas emocionales que podrían ser tratados exitosamente con el adecuado cuidado; las subvenciones para niños con discapacidades son insuficientes; las listas de espera para niños que requieren atención urgente, por ejemplo que han sufrido abuso sexual, pueden prolongarse por tres meses, y en ese lapso se mantienen en los ambientes donde esos abusos se generaron, expuestos a nuevas agresiones. La oferta y la calidad de los programas que se ofrecen dejan mucho que desear.

Se requiere una intervención urgente del Sename y una reformulación profunda. Un Consejo y un director del más alto nivel, seleccionado por mecanismos afines a la Alta Dirección Pública, que debe hacerse cargo de la gestión y la reformulación de esta institución, con poderes y recursos suficientes para producir la transformación requerida. El Gobierno debe, además, acelerar el proyecto de ley que separa las funciones de protección de derechos de niños vulnerados de aquellas relativas a adolescentes en conflicto con la justicia. Debe, asimismo, tomar todas las medidas y aportar todos los recursos necesarios para superar el problema de la internación de niños que hoy viven privados del amor de una familia, lo que amenaza, casi tanto como las razones que los llevaron hasta ahí, sus posibilidades de desarrollo futuro.

¡Basta ya, no podemos seguir postergando esta tarea urgente! Demos el primer paso de un esfuerzo que debe comprometer a sucesivos gobiernos para ofrecerles a todos los niños un ambiente en que se puedan desarrollar en plenitud. Si no transitamos por ese camino, jamás llegaremos a construir una sociedad justa y próspera.

Si usted está de acuerdo con lo anterior, lo invitamos a mostrar su apoyo adhiriendo a esta carta, a través de www.prioridadinfancia.cl