La demolición del puente Cau Cau, en Valdivia, que anunció el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ha generado un amplio debate sobre quiénes son los responsables de tamaño error de ingeniería que le costará al fisco varios millones de dólares.

El ministro apuntó de inmediato a las autoridades del MOP en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien admitió que “que hubo errores, pero yo quiero enfatizar que el error se produce cuando al comienzo del año 2009 se hace un mal diseño, y se definen mal los métodos de construcción“.

Pero Undurraga le respondió que se equivocaba porque el puente se diseñó y fue recibido en agosto de 2010 y fue aprobado en 2011. Idea que repitió el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, al señalar que el proyecto y la construcción fueron aprobados durante la gestión pasada.

Para profundizar en el tema, “El Líbero” entrevista a Lucas Palacios, subsecretario del MOP de Piñera entre noviembre de 2012 y  marzo de 2014, y actual investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD).

-¿Cuál es su mirada sobre la decisión de demoler?

-Me parece que es apresurada y exagerada. Según los antecedentes con que cuento, lo que técnicamente correspondería es desmontar los brazos, corregirlos, licitar el sistema de levante y volver a montar. Eso no debiera costar $10 mil millones como dice el MOP. Lo más fácil es decir “demolamos”, porque mediáticamente es gráfico e impactante. A mi juicio, solo se requiere una demolición en la caja de hormigón donde va instalado el sistema de levante.

-¿Qué parte del puente le tocó hacer a cada gobierno?

-El puente nació en 1991 como un proyecto del municipio de Valdivia. Solamente en diciembre de 2007 se dio el primer paso para concretizarlo con la adjudicación de la ingeniería, la cual costaría $556 millones y duraría 570 días. Terminó durando más y costando $682 millones. Ese estudio tuvo diferentes componentes que se fueron entregando a través del tiempo. Lo que tiene relación con el diseño definitivo del sistema móvil y la ingeniería básica del puente se entregó en diciembre de 2009 y se aprobó, tal como lo describe un reciente informe de Contraloría General de la República. Posteriormente, se entregaron informes y se le hizo otras solicitudes a la misma empresa, tales como paisajismo, diseño de la seguridad peatonal y semaforización, entre otros. Con el terremoto, la licitación para la construcción se postergó para noviembre de 2011, en base al diseño desarrollado en el gobierno antecesor.

-¿Cómo fue la licitación?

-Participaron 10 empresas, todas tenían que dar garantías de haber construido puentes similares al que se solicitaba, lo cual se mide en número de puentes similares construidos y en montos asociados. Se lo adjudicó la empresa española Azvi por $15.768 millones. En segundo y tercer lugar quedaron Icafal y Salfa.

-¿La construcción presentó problemas?

-No tengo registro de inconvenientes sino hasta fines de 2013, cuando la inspección fiscal del MOP empezó a notar fallas en la ejecución del puente. El 6 de enero de 2014, el MOP reveló apenas tuvo conociemitno de los errores que había cometido la empresa en el armado de las plataformas de los brazos, lo cual se hizo público. Posteriormente, la empresa propuso al MOP un aumento de contrato por $1800 millones, con el fin de  mejorar el sistema de levante, lo cual se negó por escrito con un oficio del 24 de febrero de 2014, dado que dicha solución no tenía justificación técnica ni contractual.

-¿Por qué?

-Fue un pedido de aumento injustificado porque la empresa debía cumplir con el contrato. En definitiva, la empresa estaba proponiendo otro proyecto, diferente al licitado. Los errores que había cometido no justificaban el término anticipado del contrato en ese momento. El oficio con el cual se le negó a la empresa Azvi su solicitud es el número 233, del 24 de febrero de 2014. Adicional a los registros del ministerio, se envió copia de dicho documento a la empresa y a la Contraloría.

-¿Cuándo se le informa a las autoridades del MOP de este gobierno del problema del puente?

-El 11 de marzo, con el traspaso de gobierno, se le entregan todos los antecedentes a las nuevas autoridades, y se les recomienda no ceder ante las presiones por aumento de $1.800 millones, que no estaba justificada. Sin embargo, a los pocos días, contraviniendo las recomendaciones y haciendo caso omiso de la historia formal del proyecto, las autoridades del MOP tomaron la decisión de acceder a la petición de mayor monto y plazo solicitada por Azvi. Por eso la Contraloría rechazó esa resolución y pidió la restitución de $1.100 millones a la empresa, y solicitó una investigación para definir las responsabilidades administrativas. Ese caso está en la justicia, porque quien firmó fue el entonces recién asumido director general de Obras Públicas, quien había estado vinculado a Azvi.

-¿Cuándo se detectó el problema del puente?

-La empresa corrigió de mala manera las plataformas, durante 2014, y le generó un mayor daño a la misma. Todo esto se hubiera evitado si las actuales autoridades del MOP no hubieran accedido a la petición de mayores montos y plazos, y hubiese dado término por anticipado del contrato en mayo, tal como se le recomendó. Debieron haber licitado la reparación de la plataforma, que no era complejo, así como el sistema de levante mal ejecutado por Azvi.

-¿Qué información tenía el ministro Undurraga del problema del puente?

-En el traspaso de mando le hicimos ver que esta empresa tenía problemas, los cuales, además, eran de público conocimiento. Le comentamos que la empresa estaba solicitando unos dineros que no le correspondían por contrato. Se le entregaron todos los documentos, incluyendo el oficio 233 de la DGOP que definía los argumentos por los cuales se les negó los mayores recursos. Por lo demás, tal documento es parte integrante de la historia del proyecto.

-¿Qué responde a la acusación del ministro Undurraga de que la culpa es de su administración?

-Me parece que se está sacando el pillo, porque todas estas actuaciones y documentos que he mencionado están formalmente registrados. Antes de aprobar cualquier trabajo adicional que excedía el contrato vigente, debió informarse de los antecedentes disponibles.

-El ex Presidente Piñera admitió que se cometieron errores durante su administración. ¿Cuáles fueron?

-Lo que hacen las autoridades es no echarle la culpa al empedrado. Por ejemplo, desde el momento que se reconocieron los errores de ejecución por parte de la empresa hacia el final del gobierno anterior, en vez de tapar la situación, el MOP reveló los inconvenietes. Fue en enero de 2014 cuando se conoció públicamente que existían errores en el armado de las plataformas del puente. ¿La culpa la tiene el MOP? No, de hecho, fue la inspección fiscal del MOP quien hizo ver los errores, pero es el ministerio quien debe velar por que la obra llegue a buen término y es el responsable final ante la ciudadanía. Por eso que apenas se sabe de un error es necesario tomar decisiones para corregir, que fue lo que nosotros hicimos. Lamentablemente, la administración siguiente no hizo lo mismo, pese a que tenía todos los antecedentes a la mano. Al revés, lo que hizo fue profundizar en los errores y por eso estamos en la situación actual. En vez de haberse solucionado estamos en una situación más compleja.

-¿Cuál es la solución para el puente?

-El ministro Undurraga intenta desligarse de sus responsabilidades y aprovecha de mezclar las cosas. Dice que hay errores de ingeniería, de inspección fiscal, faltas de información por parte del gobierno anterior, etc. Son puros voladores de luces. El hecho concreto es que las autoridades anteriores le avisaron y le entregaron todos los documentos y antecedentes del caso. El ministro actual debiera reconocer que bajo su administración se entregaron platas indebidas a la empresa, las cuales no tenía ningún respaldo jurídico ni contractual, ni que tampoco estaban orientadas a la solución de los problemas. Con la información con que cuento, la solución está en corregir los errores en los brazos del puente y  licitar el sistema de levante completo.

-La consultora Zañartu estudia una querella contra Undurraga por pedir que la sacaran del registro de contratistas. ¿Qué opina?

– Al parecer, el ministro se metió en un proceso que no depende de él, intentando acelerar una decisión sobre la cual no tenía todos los antecedentes.

-¿Por qué lo hace?

– ¿Será intentar desligar las responsabilidades en otros? No lo sé. Eso lo verá la justicia.

Entrevista publicada en El Líbero 01/05/2016