El Papa Juan Pablo II interpeló a los chilenos cuando en 1987 señaló en su recordado discurso en la Cepal «¡Los pobres no pueden esperar!». No hay duda de que su mensaje caló hondo en el alma nacional, en el gobierno y en personas e instituciones abocadas a lo público. Ello se tradujo en diagnósticos, propuestas, acuerdos y aplicaciones de un conjunto de políticas públicas para superar la pobreza. El resultado fue exitoso: de acuerdo con la medición tradicional de la pobreza, pasamos de 45,1% en 1987 a 7,8%, según la Casen 2013. Hemos sido uno de los países líderes en la reducción de este flagelo en Latinoamérica y en el mundo.

¿Cómo lo hicimos? Tal como lo demostró Larrañaga en 1994 y Henoch y Larraín ahora último, un factor fundamental para explicar este resultado ha sido el crecimiento económico. En efecto, utilizando la nueva metodología de medición de la pobreza, ese factor explica el 77% de su disminución entre los años 2006 y 2013, porque, aunque algunos no quieran reconocerlo, el crecimiento permite más empleo y mejores salarios para los más vulnerables de la sociedad. También lo dijo el Papa en la Cepal al referirse a «la razón profundamente moral de esta prioridad del máximo empleo», ya que al pobre «ofrecerle trabajo, en cambio, es mover el resorte esencial de su actividad humana, en virtud de la cual el trabajador se adueña de su destino, se integra en la sociedad entera, e incluso recibe aquellas otras ayudas no como limosna, sino, en cierta manera, como el fruto vivo y personal de su propio esfuerzo».

Por desgracia, el crecimiento, como factor clave, se ha debilitado profundamente durante estos dos últimos años, al punto que hemos pasado de tasas de crecimiento en torno a 5% a solo 2%. De haber continuado creciendo a una tasa del 5%, más de medio millón de pobres habrían podido superar su condición al final de la década. La tragedia que hoy se calla es que este modesto crecimiento perdurará, condenando a los más pobres a seguir esperando.

El segundo factor que explica la disminución en la pobreza son las políticas sociales que gradualmente han ido mejorando las condiciones de vida de los pobres, complementando sus ingresos y ofreciéndoles acceso a la educación, salud y vivienda. Ello fue posible gracias a la focalización de los recursos y a la priorización de las necesidades de los más vulnerables. Recordemos que en el pasado no existía la Asignación Familiar para los hogares más pobres, pues no se valoraba la focalización del gasto social. Hoy, gracias a la creación del Subsidio Único Familiar (SUF) y a la focalización de la Asignación Familiar, este complemento al ingreso es el más progresivo de los aportes del Estado.

Lamentablemente, en este aspecto también estamos retrocediendo, pues gradualmente se está reemplazando la priorización de la pobreza por un nuevo paradigma de «los derechos sociales universales». Este se caracteriza por reducir la libertad de los ciudadanos para acceder a diferentes proveedores de servicios sociales, pero lo más grave es que rechaza la focalización del gasto social, ya que estima que toda la población tiene igual derecho de acceso.

De esta manera, no solo se abandona el rol del Estado de distribuir el ingreso a través del gasto social, sino además su propia finalidad de promover el bien común. Así, por ejemplo, lo grafica el caso de la gratuidad universal para la educación superior, que «regala» alrededor de US$ 2.000 millones -un tercio de la reforma tributaria reciente- al 20% más rico del país, en desmedro del 50% de los niños más pobres que no pueden acceder a educación preescolar, entre otros.

Ambos cambios son muy profundos, y se traducirán en que los pobres van a tener que esperar para superar la dramática realidad en que viven. Desgraciadamente, frente a ello no hay reacciones suficientes. Salvo contadas excepciones, no se escucha la voz de las Iglesias reclamando por el debilitamiento de la opción preferencial por los más pobres; no se escucha a los expertos que hicieron estudios y enfatizaron como prioridad el combate a la pobreza; a las fundaciones y ONG especializadas en políticas públicas para los pobres, y hay un sector de la clase política que habla de pobreza, pero aprueba proyectos de ley que la postergan en los hechos.

Llegó la hora de volver a priorizar a los pobres, tal como se hizo en las últimas tres décadas. Justamente porque ellos no pueden presionar a través de marchas o huelgas, es nuestro deber trabajar para que ellos no esperen más.

Columna publicada el 15/01/2016 en El Mercurio