Las exigencias técnicas que se les estarían imponiendo a los clubes pequeños para monitorear el comportamiento de sus barristas son inviables para los presupuestos que estos manejan. Asimismo, crear un registro nacional de hinchas no se condice con la idea de que el fútbol sea un espectáculo masivo y orientado a la familia. La experiencia comparada muestra que no tiene efectos en la disminución de la violencia.
La primera vez que se enfrentó este problema en los años 80, el gobierno de Margaret Thatcher asumió la complejidad social de las barras bravas más allá de lo que sucede dentro de los estadios.
Para ello se usó la inteligencia policial creando grupos de élite, llevando a un proceso judicial efectivo a los líderes y miembros de estos movimientos. Así, se in fihró y persiguió estas organizaciones como una forma de asociación criminal, la que en Chile tienen su base e identidad social en determinados barrios.
Lo que está pasando en el fútbol se suma a una serie de fenómenos de violencia social organizada que deben ser asumidos por la autoridad y los ciudadanos en su conjunto. En Chile ya se ha avanzado en contar con mejores estadios, pero las sanciones deben ser más severas, castigar penalmente los vínculos que tengan las barras con transportistas y empresarios, y entregar información contundente a los tribunales que permita prohibir la asistencia de por vida a estos barristas a eventos deportivos.
En este contexto, un registro sería una instancia para aquellos que no teniendo antecedentes penales soliciten a la autoridad el poder organizarse como barra y poder hacer compatible las barras pacíficas con el espectáculo deportivo.
Carta publicada en El Mercurio de Valparaiso 24/07/2015
