Chile y el mundo están enfrentando la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. La pandemia del Covid-19 ha generado múltiples efectos negativos: de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, se prevé que empujará a entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones durante el presente año.
En este contexto, la participación ciudadana cobra mayor relevancia como una herramienta para conocer la realidad de cada territorio, pero también, como un mecanismo de llegada desde el Estado con una amplia oferta programática para enfrentar la adversidad de esta pandemia.
Adicionalmente, la participación activa de los líderes territoriales y comunitarios tiene la capacidad de activar las redes de colaboración y confianza interpersonal para estar donde el Estado no tiene capacidad. Son innumerables los ejemplos donde los ciudadanos se organizan y van en ayuda de sus vecinos, con alimentos e insumos básicos para familias que están sin trabajo o en cuarentena por padecer Covid-19.
Para el Estado “la participación ciudadana es el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas”. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
Sin embargo, la implementación de esta ley supone y requiere altos grados de capital social para alcanzar dicho propósito. Es decir, se necesita confianza, asociatividad y compromiso cívico para incrementar un robusto tejido de redes sociales que actúen rápidamente. En este sentido, al examinar el impacto de variables como confianza y asociatividad sobre crecimiento económico, Westlund y Adam (2010) concluyen que de 28 estudios que analizan el impacto de la confianza sobre crecimiento económico, 16 tienen efectos positivos, 9 negativos y 3 mixtos o ambiguos.
Y en el caso de la asociatividad, de 24 estudios, 12 exhiben un impacto positivo, 7 negativo y 5 ambiguo sobre crecimiento económico (Dussaillant & Guzmán, 2014).
En concreto hemos observado cómo se han organizado las comunidades para enfrentar la devastación de diversos desastres naturales, la inseguridad producida en el estallido social y/o la crisis sanitaria del Covid-19. Pero esto ha sido posible gracias al liderazgo de los actores comunitarios que empatizan con las problemáticas territoriales, con las demandas de sus vecinos y buscan soluciones más allá de los programas estatales, conformándose una alianza virtuosa entre los vecinos, las autoridades y el sector privado.
Mauricio Bravo
Director de Postgrados y Educación Continua
Facultad de Gobierno UDD
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