Esta semana, el gobierno entendió que a veces hay que perder para ganar: pierde en el plano de las ideas políticas, al verse forzado a presentar un proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, como única manera de evitar que se apruebe uno peor, como lo es el promovido por la diputada Jiles; pero gana en la pelea de fondo, la de la necesidad de hacer respetar el imperio de la ley y la Constitución.

Al despejar la presión social sobre el segundo retiro de fondos previsionales, el gobierno permite ahora que se resuelva el tema de la inconstitucionalidad del proyecto presentado por los diputados, que no respeta la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en al menos tres materias, como son el gasto público, la seguridad social e impuestos. Esta lógica de atajo o subterfugio, al plantearlos como reformas constitucionales provisorias, amenaza con inundar el proceso legislativo y debilitar definitivamente al Poder Ejecutivo por parte de la mayoría opositora del Legislativo.

El respeto de la ley es un principio básico de todo ordenamiento democrático. Que una autoridad o grupo de personas o persona no pueda ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias atribuirse más facultades que las que expresamente les otorga la Constitución y la ley es una regla básica del estado de derecho que protege nuestra convivencia. Es verdad que estamos por iniciar un proceso constituyente, donde muchas de las instituciones y reglas estarán sujetas a revisión o crítica y eventualmente podrían ser modificadas o eliminadas, pero eso en nada habilita el pretender desconocer las normas de la actual Constitución que se encuentra plenamente vigente.

Al aprobar su proyecto en el Senado, el gobierno consigue el aire suficiente para que su decisión de llevar el otro proyecto al Tribunal Constitucional tenga una mejor perspectiva de éxito. Es ahora esta última institución la que tiene su propia oportunidad de salir de la aparente interdicción política en la que se encuentra, y podrá abordar el tema de la inconstitucionalidad fijando así una segunda derrota a quienes creen que pueden pasar por encima de la Constitución y de la ley al perseguir sus fines políticos, por más bien inspirados que estos sean.

Dos argumentos políticos serán clave en el contexto de la resolución que tome el Tribunal Constitucional: primero, la amplia aprobación del proyecto del gobierno, donde al oficialismo se sumó casi la totalidad de la oposición; y, segundo, el que no esté en juego el pago del segundo retiro del 10% para quienes lo soliciten.

El contexto de debilidad política e institucional en el que se encuentra el gobierno no ha terminado, pero esta semana al menos es indesmentible que demostró que está dispuesto a hacer sacrificios por dar la pelea y hacer respetar el estado de derecho. Demostrar la voluntad política de asumir costos, pero alcanzar ciertos objetivos abre un escenario distinto en la relación del gobierno con los sectores más moderados de la oposición.

El propio Tribunal Constitucional vive los efectos de la crisis política e institucional que golpea a nuestro país, cuestionado en su conformación y funcionamiento, lo que es parte del debate político. Pero muy distinto es que también haya varias señales de que sus ministros vivirán un amedrentamiento mediático y callejero tendiente a presionar o condicionar sus fallos. Esto último resulta inaceptable para el correcto funcionamiento de cualquier democracia.

Así, en un mismo fallo, el Tribunal Constitucional podrá establecer la importancia de las formas democráticas y del imperio de la ley y la Constitución, al mismo tiempo que intenta recuperar la legitimidad política de su propio rol institucional.