El pasado 4 de agosto la Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección por censura que presentó la empresa Delight Lab el 15 de junio del 2020. El caso es del mayor interés, ya que sus dueños alegan persecución del Estado por medio de “censura lumínica” y apelan al principio de libertad de expresión para realizar su actividad artística. Sin embargo, cabe destacar algunos puntos.

Primero, la empresa en cuestión dedica su giro comercial al video mapping, un producto audiovisual, que, como todo producto se acoge a diversas prácticas formales de la industria. Por ejemplo, un productor de cine, si realiza un rodaje en la Plaza de Armas, tiene que pedir permisos e, incluso, según el lugar, pagar derechos. Hay ciudades que han creado incluso comisiones fílmicas para gestionar este lucrativo negocio. En este contexto, a ningún productor profesional de la industria del cine se le ocurriría apelar a la libertad de expresión para realizar su actividad sin considerar el tema de los derechos. En efecto, el recurso refiere a una proyección del 19 de mayo desde la Galería CIMA, quienes deben conocer perfectamente el tema de derechos involucrados, más aún si involucra una fachada de un edificio corporativo como el de Telefónica.

Digo esto, porque en el mes de mayo solicité por medio de trasparencia a la Municipalidad de Providencia la información relativa a si Diseño Audiovisual Delight LAB Ltda. cuenta con patente o paga algún tipo de derechos para proyectar en el espacio público. Asimismo, consulté si el edificio corporativo de Telefónica cuenta con los derechos para proyectar en sus instalaciones, considerando lo costoso que es poner gráficas al frente de la Plaza Baquedano. La respuesta a fecha 12 de junio es que los primeros cuentan con patente municipal como empresa, pero sin permiso para publicidad proyectada en el edificio de Telefónica (e infiero de ningún espacio público). Mientras estos últimos cuentan con una autorización de 5 metros cuadrados de publicidad luminosa.

En este contexto, ¿estamos en presencia de un acto de censura? De ser así, ¿se imagina que cualquier persona tenga derechos para proyectar mensajes sobre el frontis de su casa sin autorización para ello? Definitivamente, el tema se juega, entre otras cosas, en si la actividad de proyección por la que esta empresa usualmente cobra constituye o no una actividad exenta de pago de derechos como cualquier otra publicidad. O bien, está exenta de solicitar permisos para proyectar en el espacio público. Como sea, la empresa está inscrita como proveedor de ChileCompra desde el año 2012.

En este contexto, cabe destacar que no pongo en duda la calidad técnica y artística de las proyecciones de Delight Lab. Sin embargo, además de no contar con permisos y no pagar ningún tipo de derechos, ¿son tan inocuas sus expresiones políticas? Ese análisis merece la mayor atención, ya que sus mensajes se han dado en contextos donde hay violencia callejera involucrada. Algunos ejemplos son “Dignidad” el mismo día 18 y 19 de octubre, cuando se iniciaba el estallido y la consecuente toma violenta del eje Plaza Baquedano. Otro es “Hambre”, el 18 de mayo, el mismo día que se observaron protestas violentas en la comuna de El Bosque a tres días del inicio de la cuarentena total en el 90% de la Región Metropolitana.

El efecto más importante es en redes sociales (en Instagram se puede seguir las fechas y discursos asociados a cada proyección), las que hoy están en el primer plano del debate sobre polarización psicológica y violencia política antidemocrática (Cfr. Jonathan Haidt). Más aún cuando la viralización es provocada por bots y otras prácticas de agitación política. Por lo mismo, ¿estos dos ejemplos son simplemente proyecciones artísticas neutras o constituyen, por ejemplo, un discurso de odio? La respuesta merece una reflexión más pausada. Pero lo que sí es claro es que detrás de cada ejercicio de proyección y la presunta censura de la autoridad –a una actividad que no cuenta con los permisos- resulta paradójico que termina el victimario en víctima. Y ese giro es sintomático de la manera en que diversos grupos antisistema se expresan desde incluso antes del 18-O.

Estresan las normas conocidos por todos –no pongo en duda que los dueños de Delight Lab son profesionales y saben cómo se trabaja en audiovisual- y luego se muestran cómo víctimas del estado de derecho. “Queremos que la verdad salga a la luz”. Hasta ahora el único beneficiario del conflicto es la publicidad que ha logrado esta empresa por medio del lenguaje de la victimización. Los dueños señalan ser víctimas de hostigamiento y amedrentamiento. Yo diría que su empresa se está valorizando utilizando el mismo lenguaje reproducido en redes sociales que se observó cuando parte de la ciudad era vandalizada en nombre del derecho a protesta, violando de pasos una serie de derechos y libertades de terceros. Todo, acompañado de un timing envidiable a la hora de exhibir sus mensajes en redes sociales, los que son parte de una agenda política bien definida.

Lo que me presenta dudas es que, dado que la empresa no paga sus permisos y, al mismo tiempo, cuenta con los recursos para realizar su trabajo sin cobrar, ¿cuál es el modelo de negocios que hace sustentable esta actividad? Tanta solidaridad en el mundo audiovisual al menos merece dudas. Ya que, de fructificar esta novedosa forma de censura, será muy difícil pedir permisos y cobrar derechos a las proyecciones sobre cualquier lugar privado y público. Y, de paso, seguiremos siendo testigos de un lenguaje que se victimiza al mismo tiempo que viola las normas, desautorizando la intervención de la autoridad.

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