Columna publicada el lunes 25 de noviembre en La Tercera
El proceso de elaboración de una nueva Constitución tiene como desafíos ser una ley cuyos contenidos sean aprobados con el mayor nivel de consenso. Pero también requiere que el texto sea coherente; luego el procedimiento de aprobación de dos tercios no solo lo es respecto de cada contenido aprobado, sino que también del texto final, vale decir, es necesario que tenga coherencia sistémica. De lo contrario, terminaríamos con un mamarracho constitucional, es decir, algo que no merece ser tomado en serio, porque no exhibe cohesión y congruencia de sus contenidos.
¿Y qué sucedería si no es posible dicho consenso? Las expresiones vertidas por Allamand, y por las que tantas vestiduras han sido rasgadas, permiten una lectura distinta. Deben existir incentivos a que la razonabilidad emerja ¿Cómo es esto? De no existir un texto coherente y consensuado, ¿a qué cuerpo jurídico se recurre? Es cierto que en la lógica de una “Constitución subyacente” es posible alcanzar muchos consensos, pero en la medida que una Constitución informa a todo el cuerpo de leyes su diseño, no es trivial y requiere de acuerdo y coherencia.
Pero más allá de los dimes y diretes, hoy el desafío central y urgente está más allá de los debates de interpretación; el peligro lo encontramos en la violencia y el miedo. Miedo que interrumpe la cotidianidad y el futuro: miedo de salir y llegar al hogar, miedo a la calle, miedo al fuego, miedo a la indignidad de una “alegría” forzada (baile), el miedo a disentir, un miedo que, incluso, supera el presente y se sitúa en el futuro a una crisis económica que no se sabe qué depara y cuánto durará.
Este estado de temor que infunden sectores radicales que dicen representar ala ciudadanía, no es tolerable, atenta contra el proceso democrático. A dicho temor se suman los oportunistas que buscan una coyuntura para no ser culpados. Son los que evitan acuerdos y hacen de cualquier detalle una oportunidad para deshacer todo pacto.
Hoy, nuestros políticos aparecen secuestrados por el terror que ejercen verdaderas bandas de asaltantes y la extorsión de quienes apoyan y justifican la violencia con estridentes argumentos que buscan empatarla con la idea de que ella es la reacción frente al abuso del sistema. Y quienes tienen una vocación pacífica de protesta son amedrentados por el radicalismo e intransigencia.
En este contexto, las condiciones de posibilidad de avanzar en los objetivos del acuerdo se desmoronan en la medida que no existan respuestas efectivas contra quienes no quieren solución alguna. El orden y el estado de derecho son indispensables.Y aunque los llamados a paro, que en principio pueden tener toda legitimidad, finalmente expresan el deseo de continuar el estado de caos que hemos experimentado por más de un mes.
