SEÑOR DIRECTOR
El gobierno ha propuesto hacer extensivo el control de identidad a menores de edad. Esto ha generado rechazo con distintos argumentos. Por ejemplo, que si no ha sido efectivo con adultos (6% de efectividad en 2018), entonces no lo será con menores. El INDH considera que hay que prevenir la presencia de arbitrariedades, y la Defensoría de la Niñez, que va contra los estándares internacionales de DD.HH.
Sin embargo, en abril de 2018, el Ministerio Público manifestó su preocupación por el aumento en 51% de los delitos cometidos por menores en los últimos 10 años.
En este contexto, cabe destacar que el ingreso temprano en el delito se está dando mucho antes de los 18 o 16 años, quienes por lo demás no son “niños” o “niñas”. En efecto, este problema debe ser abordado de manera integral, introduciendo agravantes en el Código Penal, realizar estudios ecológicos del crimen y sistemas de alerta temprana, que visibilicen la magnitud del problema en barrios segregados y condiciones de extrema vulnerabilidad.
Lo anterior, sin embargo, no es incompatible con dotar a las policías de herramientas de control, sobre una población que, hoy, cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
