El 17 de octubre se conmemoró el día internacional para la erradicación de la pobreza, reconocido por Naciones Unidas en 1992, a favor de los derechos humanos y la libertad, en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

Los esfuerzos que se han hecho los últimos años en Chile no han sido en vano. La última Casen reflejó una disminución en la pobreza del 14,4% a un 11,7%. ¿Significativo? Claro que sí, a quién no le va a alegrar que la pobreza disminuya. Sin embargo no tenemos nada que celebrar y no nos podemos descuidar, ya que aún tenemos a 2.046.404 personas viviendo en pobreza según su ingreso (11,7%), y a 3.547.184 personas experimentando a diario la pobreza en diversas dimensiones como la salud, trabajo, educación y vivienda. La pobreza multidimensional asciende a un 20,9%.

Tenemos muchas tareas pendientes y urgencias sin enfrentar, y pareciera que las últimas realidades conocidas a diario por los medios de comunicación nos interpelaran todavía más. Volviendo a la definición de las Naciones Unidas, lamentablemente hemos sido testigos de un país que ha vulnerado los derechos humanos de más de mil niños y adolescentes que se supone debían estar al cuidado del Estado, considerando que sus familias no los podían cuidar. Así conocimos de Lisette, de Bastian y de tantos niños que ven limitado su desarrollo personal y social.

El Día internacional de la erradicación de la pobreza también nos habla del hambre, la violencia y el miedo, sensaciones que son experimentadas a diario por los menores de edad que, a solo pasos de La Moneda, habitan una improvisada caleta en el sector metro Los Héroes. Miedo que también sienten las más de 38.000 familias que viven en campamentos y que cada vez que los acecha el invierno, no saben si sus mediaguas resistirán a la lluvia y el viento.

Peor aún. Más de 509 familias de Coronel que pensaron que dejarían atrás esos miedos, y acabamos de conocer por una denuncia del programa Contacto que recibieron casas con un nivel de fallas de tal nivel, que hoy deben ser demolidas, lo que implica un gasto para el Estado de más de $50.000 millones solo en la región del Biobío. A esto se suman los 105 proyectos con problemas y fallas a nivel nacional o las cerca de 900 casas que deben ser demolidas en todo Chile. El sueño de la casa propia aplastado el trabajo mal hecho y por una serie de malas decisiones que castigan al más pobre, al más desvalido, que se siente violentado, con rabia e impotencia, una falta de respeto y moral de parte de quienes las construyeron y fiscalizaron de mala manera. ¿Quién responde?

La misma impotencia que nos da el caso del Sename y de los cerca de 100.000 niños que hoy no asisten al colegio, sin la posibilidad de acceder a una educación de calidad y probablemente supeditados a un futuro gris. Esto se suma al anuncio ya realizado del recorte presupuestario para la reinserción escolar, una lamentable y desviada medida que nublan aún más el panorama.

El foco no pareciera estar en estas urgencias y es probable que por eso la comunidad está disconforme con la clase política, en una apatía que pareciera adormecernos. Quizá por eso causan molestia el exceso de burocracia, los asesores contratados por razones políticas, el malgasto de recursos en la administración estatal. El país se encuentra enfermo y no estamos siendo capaces de revertir esta situación.

Invisibilidad: eso parecieran tener las personas que se han visto afectadas de distintas maneras. Falta cohesión social, integralidad y focalización del gasto público en las urgencias que aquejan, mayor compromiso y cuidado tanto del sector público como privado. Combatir la pobreza requiere de menos ideología y más evidencia, no existe receta ni medidas milagrosas, si datos y realidades que se deben entender, para así diseñar correctas políticas públicas.

Por de pronto y lamentablemente nuevamente no son prioridad gubernamental. Y no debemos olvidar otra cosa: el crecimiento económico es una condición indispensable para seguir derrotando la pobreza en el corto, mediano y largo plazo.