Muchos se preguntan qué pasó con el comportamiento de los estudiantes a la hora de decidir postular a las universidades este año, el primero en el que la gratuidad se transformó en una realidad (para algunos). Es esperable que, frente a un cambio en los precios relativos de la educación, la decisión de los estudiantes sobre dónde matricularse se altere.

Días atrás, el Consejo Nacional de Educación liberó los datos de matrícula y aranceles 2016 al público. Su examen nos permite conocer el panorama de la educación superior de los últimos años y comenzar a generar hipótesis e identificar quiebres que nos den un indicio de cómo la gratuidad habría comenzado a afectar el sistema. Por supuesto, dicho análisis es parcial, ya que a la hora de matricularse, los alumnos estaban enfrentados a una serie de incertidumbres respecto de los requisitos asociados al beneficio, aunque sí tenían cierta claridad sobre qué universidades lo entregarían.

Pues bien, los datos muestran un incremento del 5,9% en la matrícula de las universidades adscritas a gratuidad. Sin embargo, esta tendencia ya estaba presente en este bloque de universidades (entre 2014 y 2015 su crecimiento había sido idéntico). Probablemente, ella se deba al hecho de que la acreditación ha pasado a tomar un rol preponderante en la elección de los estudiantes y, por ende, el bloque de universidades con cuatro o más años de acreditación (requisito para la gratuidad de universidades privadas) había ido creciendo paulatinamente en matrícula.

Sin embargo, al desagregar la información para cada universidad, se notan algunos fenómenos que llaman la atención. En primer lugar, no hubo el incremento de participación en el sistema de las universidades estatales que algunos creyeron ocurriría. Esto a pesar de que, a diferencia de lo que ocurrió con las privadas, todas se volvieron gratuitas para el grupo de estudiantes económicamente más vulnerables. Así, la participación de las estatales en la matrícula universitaria pasó de 27,5% en 2015 a 26,5% en 2016. En algunas el cambio fue drástico, produciéndose un claro quiebre de tendencia: la matrícula de primer año de la Universidad de Santiago disminuyó en un 17,4% respecto de 2015, y la de la Universidad de Playa Ancha en un 34,2%. La razón de esta abrupta caída es una pregunta abierta.

Por otro lado, también rompiendo tendencia, la Universidad Autónoma y la Cardenal Raúl Silva Henríquez aumentan su matrícula de primer año en más de un 30%. Es posible que esto se deba a que estas universidades son las únicas, de entre las que adscribieron a gratuidad, que no pertenecen al Sistema Único de Admisión (SUA). Dado que las postulaciones por sistema único tienen un puntaje mínimo como requisito, los estudiantes que no cumplían con este, pero que querían acceder al beneficio de la gratuidad, se quedaron con esas únicas dos opciones.

Por su parte, las universidades privadas del CRUCh, y las universidades privadas adscritas al SUA y a gratuidad, incrementan su matrícula levemente. No tenemos certeza de que esto se deba a la nueva política, ya que dicho grupo de instituciones había ido ganando prestigio lentamente a lo largo de los años y la escalada de matrícula era una tendencia desde antes.

El panorama que muestran las cifras levanta varias preguntas. En particular, surge la necesidad de dilucidar hasta qué punto la baja representación de las universidades estatales en la matrícula universitaria se debía a restricciones de acceso (que se solucionan con la gratuidad), o a otras fuerzas asociadas, quizá a prestigio y calidad, cuya solución pasa por una reingeniería mucho más fina. El hecho de que los estudiantes no hayan optado por las universidades estatales a la hora de matricularse indica que estas no les están ofreciendo lo que ellos esperan. El camino para aumentar la representatividad de este sector (hasta el 50%, quisieran algunos) es complejo.

Esto es un aviso para las autoridades que proyectan hoy la megarreforma de la educación superior: si no se preocupan de lo sustantivo, en unos años les dirán que «nadie sabe para quién trabaja».

Francisca Dussaillant
Directora
Centro de Políticas Públicas, UDD

Columna publicada en El Mercurio 25/06/2016