La ley corta de seguridad, que incluye el control preventivo de identidad, ha generado profundas divisiones en las filas del oficialismo. Los temas de seguridad pública siempre han despertado los viejos traumas y fantasmas de la izquierda chilena, la cual reconoce que no es un tema en el que sienta cómoda y que su discusión termina favoreciendo a la derecha ante la ciudadanía.
Pero el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no tiene margen en este tema, por ser una de sus áreas peor evaluadas por la ciudadanía. Más del 90% de los chilenos cree que lo está haciendo mal en el combate de la delincuencia, lo que se agrava al ser éste uno de los asuntos más urgentes y prioritarios para nuestra sociedad.
Que los diputados del Partido Socialista hayan intentado acudir al Tribunal Constitucional por considerar que la norma pasa a llevar la constitución, fue frenado sólo por la intervención directa de la Presidenta, quien entendía que no podía exponerse a que fuera su propio partido el que boicoteara de esta forma su agenda de seguridad, menos aun validando de paso la institucionalidad que habían criticado tan duramente por su fallo en contra de la reforma laboral. Pero esta intervención presidencial no fue libre de costos, ya que revela que la bancada socialista estuvo a punto de dejar mal paradas a Isabel Allende, como presidenta del Partido, y a la propia Michelle Bachelet fruto de las diferencias políticas y descoordinaciones legislativas.
La falta de conducción política y de liderazgo en el oficialismo no se agota en el Partido Socialista. Ante el fracaso de la presentación ante el Tribunal Constitucional, la bancada del Partido Comunista declaró que llevará al gobierno de la Presidenta Bachelet ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la norma vulneraria los derechos humanos. A pesar de que es dudoso técnicamente que pueda hacerlo, y de que, como dijo Camilo Escalona, solo refleja un infantilismo por parte de esa bancada, de persistir en ello, el PC cuestionaría a la izquierda chilena y a su gobierno en una materia muy sensible, como lo es la promoción y defensa de los derechos humanos. Una situación intolerable para la Presidenta.
Lo que tienen en común estas situaciones es la desafección que empieza a cundir entre aquellos que habían sido incondicionales a la Presidenta Bachelet, como lo han sido los comunistas y socialistas. Se deja así entrever que a estas agrupaciones empieza a no importarles tanto los problemas de imagen que puedan sufrir por su disidencia respecto de la Mandataria o por debilitar la autoridad presidencial al cuestionarla incluso fuera del país. Para el PC y una parte del PS, lo único importante es mantener lo que se considera la identidad propia de una izquierda que no comparte estas medidas de combate de la delincuencia y que no tolera desdibujarse por lealtad hacia su propio gobierno, menos aún al iniciarse el ciclo electoral. Pareciera que sienten que ya son muchas las explicaciones que deberán dar por estar en este gobierno, y no están dispuestos a seguir sumando más.
Columna publicada en El Líbero 28/05/2016
