PESE A haberse presentado como proyecto por parte del Municipio de Valdivia en 1991, fue recién en diciembre de 2007 que el Estado dio el primer paso para la construcción del Puente Cau Cau,  cuando el gobierno de la Presidenta Bachelet licitó y adjudicó el diseño de ingeniería de la obra.

Los proyectos de infraestructura liderados por el Ministerio de Obras Públicas tienen una mirada de largo plazo y son finalmente políticas de Estado. Por esta razón, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera continuó con la etapa de licitación para la construcción de la obra, basado en el diseño de ingeniería generado durante la administración anterior.

A fines del 2013, a través de la Inspección Fiscal del MOP, se detectaron una serie de problemas técnicos en la construcción del puente, tomándose medidas tendientes a regularizar y corregir esta situación. En paralelo, la empresa ejecutora solicitó al Ministerio un aumento de plazo y contrato por más de $1.800 millones, lo cual fue denegado mediante un oficio formal –que quedó en poder el MOP y de la Contraloría General de la República-  por ser improcedente tanto desde el punto de vista técnico como contractual.

En marzo del 2014, se informó a las autoridades entrantes de los problemas identificados en el proyecto, recomendando fehacientemente no ceder frente a las presiones de la empresa que solicitaba mayores recursos para concluir la obra. Inexplicablemente, a pocos días de asumir, las nuevas autoridades firmaron un documento accediendo a sus exigencias.

Por supuesto, esta decisión fue rechazada por la Contraloría, que exigió la completa restitución de $ 1.100 millones al erario fiscal, además de instruir una investigación para determinar las responsabilidades administrativas. Esto implicó la salida de su cargo del entonces recién nombrado Director General de Obras Públicas, quien hoy enfrenta a la justicia por estos motivos.

Hoy, tras dos años de gestión de las actuales autoridades del MOP, el puente Cau Cau está estancado. Es decir, dos años perdidos y sin soluciones concretas. En vez de haber dado término por anticipado al contrato de construcción en mayo de 2014 -que era la ventana legal para hacerlo- las autoridades prefirieron entregar mayores recursos y más tiempo a la empresa, a cambio de nada.

Poco sirve que las autoridades intenten eludir las responsabilidades y echarle sistemáticamente la culpa al empedrado de todas las deficiencias del proyecto. Es necesario reconocer el mal gasto incurrido y la dudosa legalidad y pertinencia de ciertas decisiones administrativas. De lo contrario, se seguirá profundizando una innecesaria desconfianza sobre la capacidad de nuestras instituciones para abordar estos problemas, los cuales tienen solución.

Una forma de cuidar nuestra institucionalidad en materia de infraestructura, es aplicando una estrategia de modernización y fortalecimiento sistemático. Porque los grandes proyectos traspasan los gobiernos, al igual que los equipos técnicos. No olvidemos que es esa misma institucionalidad la que fiscaliza exitosamente miles de proyectos año tras año, así como la que logró recuperar la infraestructura pública luego del devastador terremoto y tsunami de 2010.

Como en todo orden de cosas, los proyectos en obras públicas pueden presentar problemas, e incluso fracasar. Lo importante es que las instituciones se hagan cargo sin esquivar el bulto, cautelando siempre el interés del Estado y de la ciudadanía.

Columna publicada en La Tercera 04/05/2016