Cuando el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto 2016, el mayor interés estaba enmarcado en las señales de austeridad del ministro de Hacienda y las bajas expectativas de crecimiento. El discurso de la falta de recursos se ha vuelto a instalar en la agenda pública; varios ministros han matizado el cumplimiento de las promesas de campaña, y regresaron las palabras gradualidad y priorizar, enterrando el discurso maximalista de la campaña de la Presidenta Bachelet y del primer año de su administración.

Usar una glosa presupuestaria para cumplir la promesa de gratuidad en la educación superior en 2016 es una gran imprudencia. No sólo está al límite de un resquicio legal, que probablemente terminará siendo discutido en el Tribunal Constitucional. Es el mejor ejemplo de lo que no se va a cumplir: ni el monto ni los mecanismos de asignación le permiten a ningún estudiante o universidad saber hoy si realmente serán beneficiarios de esta gratuidad.

Qué mayor error político que impulsar una reforma confusa. La propia ministra de Educación da un paso adelante y retrocede dos cada vez que explica cómo funcionará esta política pública, y el ministro Valdés le agrega una gota de realismo e incertidumbre al afirmar que el avance de la gratuidad irá de la mano con la disponibilidad de nuevos recursos. Es decir, no se asegura una fecha ni que se alcance la gratuidad total. Algo entendible y correcto para quienes creemos que se deben priorizar la educación preescolar y escolar, pero que pone en jaque el discurso progresista anclado en los derechos sociales.

Otro ejemplo de esta imprudencia presupuestaria son los más de dos mil ochocientos millones destinados al estudio de una nueva Constitución, que incluyen la contratación de más de doscientos funcionarios y recursos para financiar un amplio proceso de participación en torno a esta promesa de campaña. ¿Cómo se sostiene el discurso de austeridad ante este gasto alejado de las urgencias sociales? ¿Es necesario que el Estado financie el debate político? ¿Es justo que se financie sólo la difusión de la posición del Gobierno, en un año con elecciones municipales? Son demasiadas las preguntas que genera este presupuesto como para considerarlo verdaderamente responsable.

Columna publicada en La Segunda 06/10/2015