Este martes Grecia y sus acreedores iniciaron las negociaciones para un tercer rescate financiero en víspera del vencimiento de la deuda con el Banco Central Europeo en agosto. Probablemente la discusión se centrará en el análisis y control de las finanzas públicas del gobierno encabezado por Tsipras.

Aunque a los economistas nos cueste confesarlo, las finanzas públicas funcionan de manera bastante simple y homóloga a una economía doméstica. En todo hogar, los ingresos se deben asignar a un sinnúmero de necesidades de distinto orden. Algunos hogares tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades de primer orden, el consumo de bienes “durables”, y en algunos casos, ahorrar. Por el contrario, los hogares más pobres hacen milagros para poder satisfacer sus necesidades más básicas, llegando en algunos casos a optar por el endeudamiento para la satisfacción de dichas necesidades.

En el caso griego confluyen una serie de indicadores que han encubierto la realidad y determinado parcialmente la situación actual: ingresos distorsionados, gastos sobredimensionados y exceso de confianza en su capacidad de endeudamiento.

Los ingresos del Estado están condicionados por la recaudación a través de impuestos que en general dependen del tamaño de la economía. De acuerdo a las cifras oficiales, en 2014 el producto interno bruto por habitante alcanzó los US$ 24.502 (Por Paridad de Cambio 2011), US$ 2.535 más que Chile, y superior a la mayoría de los países del Sureste Europeo, siendo clasificada como un país de altos ingresos según el Banco Mundial. Hace una década, la autoridad helena decidió incorporar en la medición del Producto Interno Bruto una serie de actividades ilegales (tales como el tráfico de drogas y la prostitución) disminuyendo el déficit fiscal. Hoy el debate se centra en las discusiones sobre las proyecciones de crecimiento. La autoridad griega estimó originalmente un crecimiento de 0.5% y la Comisión Europea la sitúa en torno al -4%.

Por otra parte, las necesidades básicas de los más vulnerables inciden en las política públicas, y por ende en el nivel de gasto. Los países estiman estas necesidades mediante los indicadores de pobreza. En el caso griego, ésta se mide en términos relativos, es decir, se considera pobres las familias que perciben menos del 60% de la mediana de los ingresos. Si la mitad de la población gana menos de $100, un individuo con $50 es pobre (gana menos de $60), pero si la mitad de la población ganara $80, ese mismo individuo ya no seria pobre, ganaría más que el 60% de $80 ($48). Luego, la utilización de esta fórmula, como único indicador, distorsiona el impacto de las políticas públicas y la eficiencia del gasto social. La realidad es que esto es lo que sucedió en Grecia, donde en el periodo 2011-13, la pobreza relativa disminuyó en 1%.

Por último, la capacidad de endeudamiento está condicionada a la credibilidad que el acreedor tenga sobre la posibilidad de pago. Según Rauch y otros autores, a principios de la década pasada, la entrada de Grecia a la Eurozona abrió posibilidades de endeudamiento, basados en información distorsionada sobre la solvencia griega y condicionado a la confianza posterior de los acreedores. A pesar de ello, la autoridad griega todavía parece creer que esta confianza es ilimitada.

En un trabajo reciente, los Nobel A. Sen y G. Stiglitz, destacan que “estamos casi ciegos cuando los indicadores en los cuales nuestras acciones se basan están defectuosamente diseñados”. Grecia no es un país pobre, sin embargo se comportó como un país con instituciones débiles, tomando decisiones con indicadores y medidas poco fidedignas e inútiles para el desarrollo de políticas públicas.

Esta última negociación es -tal vez- la última oportunidad para enmendar el camino.

Columna publicada en La Tercera 04/08/2015