Las reacciones frente a las protestas en contra de la delincuencia en algunas comunas del sector oriente, nuevamente dejan en evidencia cierto desasosiego que nubla el juicio sobre el tema de fondo de la delincuencia.

Entre las reacciones tuiteras y mediáticas encontramos dos tipos: las que sostienen que la delincuencia no habría aumentado, o que al menos lo habría hecho en otras comunas y no en las que se protestó, y que en general el tema sería más de sensación de temor que de aumento real, y las de quienes afirman que los que protestaban eran ricos y en consecuencia deberían preocuparse también de otras cosas y no sólo de lo que les ocurre: “El cacerolazo VIP nos habla… de la indiferencia hacia lo problemas de la mayoría. Si me afecta protesto! Da vergüenza” (sic).

En relación a las primeras, cabe señalar que lo relevante, más que el aumento o disminución de la delincuencia, es su nivel. El tema ha estado entre las primeras prioridades de la población por más de 20 años, pero sólo el 57% de los delitos son denunciados. Las cifras sólo muestran una parte de la dimensión del fenómeno. Lo que sería preocupante, con niveles significativamente superiores al promedio OCDE, es que no observáramos niveles altos de temor. Así lo muestran las encuestas de manera transversal en todos los niveles socioeconómicos.

En relación al segundo tipo de reacciones, sugerir que este reclamo no es aceptable ya que sólo es una prioridad para los más acomodados, no es verdad, puesto que afecta de manera más gravitante a los sectores de menores ingresos. Esto revela un prejuicio de fondo: los más acomodados no tienen problemas, y si los tienen no tienen derecho a expresarlos públicamente, lo que prácticamente significa que carecerían de ciudadanía. Peor aún, este prejuicio refleja el sinsentido de que, si algo anda mal, sólo algunos tienen derecho a manifestarlo, incluso aun cuando esa expresión de descontento beneficia a los que menos tienen. Absurdo.

En este punto, quien sí tuvo la intuición política para entender el problema fue el ministro Burgos. La razón es que con un tema como la delincuencia, cuyos efectos y transversalidad son significativos, la retórica de la descalificación no hace más que oscurecer y esconder el problema aún más.