Tras la traumática salida del ex ministro Insunza del Gobierno una interesante arista de debate sobre la función de los parlamentarios se abrió a la opinión pública: ¿pueden los diputados y senadores realizar funciones además de sus tareas legislativas? Éste es un debate que no tiene gran asidero legal, pues la Constitución indica claramente la inhabilidad de los congresistas con funciones ajenas.

Sin embargo, en la práctica – y especialmente tras las denuncias del ex ministro se abre un manto de dudas en relación a la tarea de diputados y senadores. La afirmación de Insunza bien podría ser leída como un «arrebato» tras su abrupta salida, pero dada la desconfianza reinante en la labor política el eco de una declaración como ella afecta a todos los miembros de la clase política por igual. Sea cierta o no su afirmación, pareciese ser desmedida frente a la delicada situación actual del país y se habría apreciado una despedida por parte del parlamentario algo más fuera de cámara. Ahora bien, el cuestionamiento es por qué un parlamentario no debiese realizar funciones más allá de su labor legislativa se sustenta en una máxima básica para la democracia: se debe buscar evitar – a toda costa que el proceso de elaboración de políticas públicas se vea expuesto a presiones indebidas de grupos de interés. En adición, se debe evitar que la discusión sobre leyes y proyectos en el Congreso se vea intervenida por intereses particulares, situación en la cual una autoridad podría abusar de su posición, acceso a información y poder de decisión generando un detrimento de la condición de bienestar de la población o un grupo focalizado de esta. Así, cuando un diputado o senador presta sus servicios profesionales, conocimiento y sabiduría a una organización del sector público o privado que esté fuera del Congreso Nacional no sólo quebrantaría las buenas prácticas, sino que estaría exponiendo el proceso de generación de políticas públicas al sesgo o intervención de un tercero. Históricamente las democracias del mundo han buscado separar, con más o menos recelo, las políticas públicas de la influencia desmedida de ciertos grupos de interés que buscan beneficios particulares sobre los generales y es en dicho principio el cual se sustenta la labor profesional de la política y el cuidado por la probidad en la función de autoridades públicas. Es difícil imaginar un país en el cual quienes generan las políticas públicas y leyes pretendan poder compatibilizarel bienestar público de la sociedad con los intereses de ciertas organizaciones a las cuales les prestarían servicio. El político profesional requiere estar abocado a su función legislativa en el caso de diputados y senadores para así minimizar la probabilidad de corrupción, tráfico de influencias o simplemente desprolijidad en su labor.

Carta publicada en Diario Concepción 21/06/2015