En diciembre de 2013, Michelle Bachelet obtenía más del 60% de los votos, logrando un segundo período presidencial. Mientras ella y su comando celebraban este holgado triunfo, tras bambalinas se escribía la crónica que anunciaba la muerte de los Liceos Bicentenario.

Con Camila Vallejo, Carol Cariola y Giorgio Jackson como activos promotores de la Presidenta Bachelet, era previsible suponer que se impondría lo estatal como única o excluyente vía de provisión de bienes públicos. En este contexto, los Liceos Bicentenario podrían respirar tranquilos, ya que el gobierno de Sebastián Piñera los había creado y fortalecido como una opción pública, laica, republicana y de calidad.

No obstante, la evidente intención de la Nueva Mayoría sería liderada por las ideas de Revolución Democrática, que reniega el éxito del sistema educativo chileno y promueve una profunda transformación, donde el valor compartido entre lo público y privado no tiene cabida. Pero no es solo la negación de lo privado, sino también de cualquier forma que promueva el éxito individual a través del mérito como alternativa para la movilidad social. Esto último sería la estaca que clavarían en el corazón de los Liceos Bicentenario.

Un estudio de la PUC llamado “Análisis del Estado de Implementación del Programa Liceos Bicentenario de Excelencia (2014)” concluye que los resultados intermedios del programa han mejorado notoriamente (retiro, asistencia, reprobación, variación de puntajes SIMCE y PSU). Más importante aún, se constata que los Liceos Bicentenario están generando una revaloración y confianza en la educación pública. Por tanto, al fortalecer la educación pública (en un sistema con copago, selección y lucro), entregando una oferta de alta calidad, los padres modifican sus preferencias y trasladan a sus hijos desde instituciones particulares subvencionadas a las aulas públicas. En síntesis, los Liceos Bicentenario se configuraron como un programa público que promueve la calidad escolar e inclusión social.

A pesar de la evidente e irrefutable evidencia empírica que respalda el éxito del programa, el gobierno ha restado todo tipo de apoyo público para el fortalecimiento de los Liceos Bicentenario. Hoy no existe una coordinación nacional, por tanto, tampoco existen directrices, ni orientaciones, ni recursos para estos centros educativos que están haciendo historia al trabajar con una concentración de vulnerabilidad sobre el 60% y alcanzando logros significativos en sus resultados de enseñanza-aprendizaje. Más aún, la Reforma de Inclusión Escolar transparenta las intenciones ideológicas de la Nueva Mayoría al eliminar cualquier mecanismo de selección que reconozca el mérito de los estudiantes.

El día en que la educación se conciba como un bien público que genera enormes externalidades sociales y privadas y, por tanto, no como un bien político y programático, lograremos darle el protagonismo que merece y encausarla como una vía real de movilidad social.

 Mauricio Bravo, Director Magíster Políticas Educativas UDD.

Publicada en El Líbero 14/06/2015