A principios de la década de 1990, el entonces ministro de Educación, Ricardo Lagos, envió al Parlamento el proyecto de ley que establecía nuevas normas para el Estatuto Docente con el propósito de incentivar la calidad y equidad de la educación chilena. Con este fin se pretendía mejorar las condiciones laborales del profesorado, resaltando el impacto que tiene un buen docente para la generación de aprendizajes significativos. Sin embargo, en el mediano y largo plazo esta política, complementada con otras de carácter pedagógico y de gestión institucional y financiera, no reportó impactos significativos y la calidad de la educación seguía estancada.

Más tarde, Mario Waissbluth (2011) afirmaba: “Visto en retrospectiva, el error más caro para el país en dos décadas no es el Transantiago: es el Estatuto Docente”. Señalaba que esta ley es una camisa de fuerza para los sostenedores municipales, impidiendo los ajustes de la planta docente en función del mérito. Es decir, profesores con un reiterado mal desempeño en el aula no podían ser desvinculados.

En este contexto, recientemente el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley llamado “Política Nacional Docente”. Éste se hace cargo de las diversas críticas tanto del magisterio como de expertos educacionales. Por ejemplo, se regula el ingreso y oferta de las instituciones de educación superior. También se aumentan las horas de planificación y la Renta Básica Mínima Nacional (RBMN).

Si bien es cierto que el proyecto es un avance sustantivo en el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores, surgen algunas críticas desde la propia Nueva Mayoría. Ex ministros de Educación han advertido de algunos efectos negativos tanto para el desarrollo profesional como para la generación de aprendizajes significativos.

Primero, se cuestiona la exclusividad de pedagogos para dictar clases, principalmente porque no habría una alternativa para aquellas asignaturas donde existe escasez de profesores como ciencias o matemáticas. Según la OCDE, el déficit de ciencias en Chile llega al 35%, y advierte que los sistemas escolares suelen responder a la escasez de docentes, reduciendo los requisitos de calificación para el ingreso a la profesión, asignando maestros a áreas para las que no están calificados o aumentando la cantidad de alumnos y horas de clases. Por tanto, parece más sensato permitir que profesionales no docentes dicten algunas especialidades, aumentando los requisitos de ingreso y permanencia (certificaciones periódicas), apoyando su trabajo con profesores con alto desempeño u otra condición que permita garantizar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje.

Segundo, se cuestiona la rigidez de los tramos de desempeño, ya que un profesor demoraría 15 años en alcanzar el tramo “Desarrollo Avanzado” que le permitiría acceder a responsabilidades directivas. Esto agravaría la situación de muchos municipios que han tenido que declarar desiertos varios concursos públicos por falta de postulantes a cargos directivos.

Tercero, el Colegio de Profesores cuestiona las certificaciones que deberán conseguir para pasar al siguiente tramo de desempeño, lo que está asociado a aumentos salariales y a la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades. En términos generales, la mayoría de los países ha establecido sistemas formales de evaluación docente. Algunos lo han hecho principalmente con dos propósitos: por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y por otra, obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento salarial, promoción, etc.). Por tanto, esta iniciativa está en la dirección correcta al entregar información relevante sobre el proceso educativo.

En síntesis, dadas las fortalezas y oportunidades para mejorar el proyecto de ley, cobra aún más relevancia el diálogo entre los distintos actores educativos. Esto representa un verdadero desafío para la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, diputada Camila Vallejo, que “se llevará los aplausos” si logra establecer consensos más allá de su propia ideología, privilegiando el bienestar de los educandos. Así, junto con proponer mejoras cualitativas, deberá avanzar en temáticas que no tienen el apoyo social del magisterio, pero que serán un avance para el mejoramiento de la calidad de la educación, a saber, flexibilidad para la desvinculación de los docentes con reiterados malos desempeños, docencia de profesionales no pedagogos, entre otros. El salto en los procesos formativos implica sistematicidad y actualización de las prácticas pedagógicas. Todo esto supone mejorar la cualificación de la docencia sin por ello hacer de este punto una ideología del part time laboral. Solo de esta forma evitaremos que la Política Nacional Docente no se transforme en un problema público que Mario Waissbluth retrató -bajo otro contexto- como un perjuicio más grave que el mismo Transantiago.

Publicado en El Líbero el 08/06/2015