La meritocracia es un valor que toda sociedad debe defender y promover, ya que en ella se basa la justicia social, logrando que todas las personas independientemente de su origen socioeconómico alcancen sus metas personales y profesionales. Por su parte, la equidad es aquel instrumento que permite dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos. En síntesis una sociedad meritocrática es aquella que promueve el mérito a través de políticas públicas que ofrecen equidad de oportunidades.

En este contexto, el acceso a la universidad es la señal más significativa de recompensa al mérito, no obstante, en Chile es un instrumento imperfecto, ya que el efecto familia, su dinámica y condiciones son determinantes para el aprendizaje de los educandos.

Por tanto, la trayectoria escolar de un alumno prioritario está determinada por las condiciones de su familia, por un débil valor agregado de las escuelas, por un entorno hostil para el aprendizaje, entre otros. Adicionalmente, al finalizar la enseñanza media debe enfrentar una Prueba de Selección Universitaria, que según análisis de la OCDE, discrimina a los alumnos más vulnerables.

Estas características de nuestro sistema escolar se traducen en que alumnos de ingresos altos concentren su matrícula en Universidades del CRUCH, sacando ventaja de sus condiciones socioeconómicas y fomentando el cementerio de talentos en los sectores más vulnerables.

En este contexto, el reciente discurso del 21 de mayo son pésimas noticias para todos los alumnos vulnerables meritorios que ven cómo se edifica un muro sobre sus expectativas de progreso. Esto porque se anuncia la gratuidad para el 60% más vulnerable que estudien en CFT, IP y Universidades del CRUCH. Esto último, discrimina a más de 150.000 alumnos que ya debieron enfrentar condiciones adversas para ganarse un cupo en la universidad y que, por tanto, el mérito y/o esfuerzo es la variable que mejor explica su desempeño.

Esta inequidad de oportunidades en el acceso al financiamiento a la educación superior, solo es una señal de que el gobierno sobrevalora ideologías que en nada garantizan más acceso a los sectores prioritarios del país ni mucho menos es un incentivo pro calidad. Por tanto, el gobierno debe compensar a los alumnos vulnerables y no discriminarlos por la libre elección de la institución superior que escogen para alcanzar sus proyectos profesionales. Por otra parte, la gratuidad debe otorgarse por criterios de calidad educativa institucional (Acreditación) y no por razones ideológicas fundamentadas en la propiedad de las instituciones privadas que, día a día, realizan un aporte sustantivo en la formación del capital humano avanzado que nuestra sociedad requiere para enfrentar los desafíos del futuro.

Columna publicada en www.lalupadelcumplimiento.cl