La queja consignada por el Padre Fernando Montes, actual Rector de la Universidad Alberto Hurtado, tiene varias implicancias que conviene poner de relieve. En los últimos meses, la Nueva Mayoría ha enviado una serie de proyectos de ley que buscan (cuál más, cuál menos) reconfigurar el sistema educativo nacional. Estas reformas tienen un sesgo ideológico al considerar que el Estado –y la mentada “hegemonía de lo público”- tiene una competencia cualitativamente superior a la hora de garantizar calidad y equidad educacional. Dicho de otra forma, se desvaloriza el valor compartido que genera la mixtura público–privada para proveer de forma más eficiente la diversidad intercultural de los bienes públicos.

En este contexto, surge la reforma del fin del copago, el lucro y la selección; llamada de “Inclusión” para ocultar la idea traslapada de que, independiente de los efectos nulos que tenga para la calidad y equidad de la educación, prima con fuerza la idea de hundir un modelo que, a pesar de su éxito, no les acomoda.

Aunque en los últimos días el ministro del Interior ha tratado de reponer la mesura institucional, en educación superior la metáfora de la retroexcavadora parece aumentar con fuerza su velocidad. Así, la gratuidad anunciada para el 60% de los alumnos más vulnerables de los CFT, IP y Universidades del CRUCH estaría orientada a afectar la matrícula de las universidades privadas no tradicionales, que en muchos casos tienen mejores indicadores de calidad que algunas universidades tradicionales.

Junto con lo anterior, se sugieren nuevos criterios para obtener la acreditación institucional a la medida de las universidades del CRUCH, cuestión que podría significar el cierre transversal de varias universidades privadas (“alternativas” o “experimentales”) que, contando con infraestructura, calidad, gestión institucional, capital académico y tasas de empleabilidad, no obtendrían la acreditación restrictiva que sugiere la nueva Ley de acreditación. Ello sin perjuicio de su evidente consolidación institucional. De ser así, y frente a la “amenaza” de un cierre gradual pero centrado en el monopolio estatal, no es descabellado estimar que cerca de 180.000 alumnos tendrían que ser reubicados en otras instituciones bajo los dictámenes del CRUCH –u otras formas de cierre determinados desde el Estado–.

Por su parte, el proyecto de Ley de Educación Superior establecerá los requisitos para acceder a la gratuidad y, dado los antecedentes expuestos, lo más probable es que estarán orientados a satisfacer los intereses de una “burguesía fiscal” que considera que los privados deben estar excluidos –o fuertemente “condicionados”- en la producción de bienes públicos. De esta forma se incentivará un alineamiento con estos intereses, firmando un pacto que establezca entre otras cosas un currículum mínimo nacional para las carreras profesionales; una oferta homogénea vertebrada desde el Estado y, junto con ello, una visión/misión de orientación estatal para todas las universidades, con excepciones que sugieren una estratificación discriminatoria. En definitiva, se apostaría por eliminar los proyectos educativos “distintivos” o “alternativos”, amenazando con ello la calidad y pluralidad del sistema al traspasar gran parte de la responsabilidad formativa al Estado. Sin perjuicio de los déficit que presentan algunas instituciones privadas –que también alcanzan a universidades públicas- es esencial mantener el componente democratizador que generó la extensión del sistema de educación superior que posibilitó el acceso a los grupos medios y a una nueva parte de la sociedad chilena.

En este sentido, es probable además que el Proyecto de Educación Superior financie la oferta y no la demanda como mecanismo para reducir la libertad de elección de los alumnos y sus familias. Esto sería una señal más del poder estatal que se espera instalar en todo el sistema escolar y universitario, desvalorizando el poder decisional de los individuos a través de las elecciones que el Estado tomará por ellos.

En síntesis, ciertos sectores de la Nueva Mayoría persisten en derribar el modelo, establecer correcciones estructurales a ese mismo modelo que sitúa a Chile como líder educativo en Latinoamérica, con altísimas tasas de cobertura y que aumenta sostenidamente el ingreso de los alumnos prioritarios a la Educación Superior.

Columna publicada en El Líbero 31/05/2015