Los alcances de la ley de Lobby, cuya implementación está en pleno proceso, fue el tema que se discutió en la Facultad de Gobierno de la UDD sede Concepción, encuentro que congregó a profesionales vinculados al ámbito público y privado de la región del Biobío, donde se discutieron

En esta ocasión el encargado de presentar el tema fue el abogado y Asesor Legislativo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Álvaro Villanueva, quien contextualizó el proceso en el que este proyecto comenzó a gestarse bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y que recién en noviembre pasado comenzó su aplicación gradual. De este modo, el expositor destacó el hincapié que se quiso dar en materia de publicidad de los órganos del Estado con el fin de fortalecer el principio de probidad que debe regir a estos organismos.

Si bien el abogado puntualizó que la ley aprobada tiene ciertas falencias que permitirían vulnerarla y, de esta manera, incumplir el propósito de probidad perseguido, de igual forma existen mecanismos interesantes que hacen de esta legislación una oportunidad para hacer más íntegro el proceso de toma de decisiones. Es así como la ley estipula que cualquier ciudadano puede solicitar que se agregue a la nómina ya entregada por la propia regulación algún otro cargo público que crea necesario de ser considerado como “sujeto pasivo de lobby”, esto es, como funcionario que por las facultades propias de su cargo está propenso a ser influenciado por otros actores en las decisiones –ya sea de acción u omisión– que éste deba dictaminar.

Finalmente, y como es costumbre en estos encuentros, se dejó un espacio de conversación entre los asistentes y el invitado que estuvo marcado por las dudas que todavía deja la regulación al momento de ser implementada, tomando en consideración que la puesta en marcha de la primera fase de la ley es muy reciente y porque todavía quedan etapas que entrarán en vigencia en los próximos meses, lo que hace que una evaluación de su implementación sea aún prematura.