Nadie podría refutar que un cambio en la agenda legislativa de cualquier gobierno podría ser una señal de madurez y sapiencia de quien lidera y su equipo. El proceso de toma de decisiones en política pública puede evitar desastres como el Transantiago o enmendar el rumbo de reformas evitando que afecten a la población o diferentes grupos dentro de ella. Sin embargo, no siempre la modificación de la agenda responde a la imperiosa necesidad de ejecutar políticas públicas eficaces y eficientes, y a poco tiempo de la Cuenta Pública de la Presidenta pareciese que el ejecutivo implementará esta última dirección. Las decisiones tomadas por el ejecutivo hacen creer que la reestructuración de la agenda de Bachelet responde a fines más bien populistas, buscando por sobre todo agradar a la tribuna y no así hacerse cargos de las necesidades efectivas que se presentan en el país.

Esta historia es aún más dramática cuando vemos un país con un profundo quiebre entre los ciudadanos y su sistema político, esto expresado en que el sistemático declive de confianza está viendo su mayor expresión a partir de las irregularidades en financiamiento a campañas electorales y el tráfico de influencias que ha tenido lugar en la forma de realizar negocios de ciertos individuos. Por otro lado, las catástrofes naturales nos han golpeado fuerte como país en el último tiempo, dando luces de una institucionalidad deficitaria en temas de emergencia.

Bajo este escenario es complejo entender como el Gobierno ha dejado de lado iniciativas tan importantes tales como el Fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto para enfrentar desastres y emergencias y la Ley de fortalecimiento de las Municipalidades.

La primera responde a una necesidad imperiosa por poseer instituciones y organismos que permitan enfrentar las catástrofes naturales de la manera más rápida y efectiva posible, evitando la pérdida de vidas de conciudadanos y mejorando la respuesta del Estado frente a situaciones, que si bien extraordinarias, tienen por consecuencia una significativa disminución de la calidad de vida de los afectados.

Por otra parte, y teniendo presenta el clima político actual, no se comprende como el ejecutivo quita relevancia a una reforma a los Municipios, institución política más cercana a los chilenos y única que permite un real contacto directo entre los ciudadanos y el sistema político. Una buena parte de la desconfianza reinante se fundamenta en la percepción de los chilenos y chilenas sobre instituciones políticas que no son capaces de actuar de buena forma, dejando de lado principios de probidad y no dando la respuesta suficiente a los temas que afectan su diario vivir. En este sentido, los Municipios son los llamados a vincularse con su comunidad y el gobierno de Michelle Bachelet los ha dejado de lado.

Estos dos ejemplos son sólo parte de una pluralidad de iniciativas a las cuales el ejecutivo ha quitado urgencia, construyendo en su reemplazo una agenda legislativa que diversifique la oferta del Gobierno ha diferentes grupos de habitantes, intentando – de manera más bien desesperada –congraciarse con la opinión pública en iniciativas tales como la Ley de Reforma a la Violencia en los Estadios.

Expertos, oposición e inclusive vertientes del oficialismo han dejado entrever los problemas de liderazgo que muestra la Presidenta. Su equipo, como es lógico, la defiende fervientemente pero es complejo entender cómo un gobierno que se hace llamar serio y responsable construye una agenda con claros y nítidos tintes de auto satisfacción. Pareciese entonces que Bachelet y su gobierno están más preocupados de la “batería” de promesas que lograrán rendir el 21 de mayo, y no de realizar un análisis crítico de la situación política y social del país, demostrando su real compromiso con el bienestar de nuestra sociedad.

Y es en este último punto donde se debe ser crítico, pues Chile no necesita de más y más promesas sino que de una reflexión honesta y acciones ejemplificadoras. La ciudadanía ha expresado en encuestas de opinión y su forma de vincularse con el sistema político que no pretende mantener el statu quo de las últimas décadas, que ya no sirve el sólo hecho de sembrar expectativas y no hacerse cargo de su cosecha, sino que requiere de un cambio de rumbo con liderazgo y una expresión sincera de convicción con mejorar Chile. En este contexto, el cambio de agenda legislativa del gobierno no sólo es dañino, sino que prosigue en el tiempo aquellas malas prácticas políticas de las cuales todos – ciudadanía, cuerpos intermedios y grupos de interés – estamos bastante cansados.

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