El gobierno ha debido soportar dos meses muy difíciles, con una fuerte caída del apoyo y la credibilidad, esto se suma a la crisis que vive todo el sistema político a propósito de los distintos escándalos, en medio de toda esta turbulencia e incertidumbre se ha venido instalando la idea de que el gobierno se encontraría paralizado, sin liderazgo y por lo mismo su mayor desafío apunta a recuperar el control de la agenda pública.

Desde el propio oficialismo se empieza a verbalizar con fuerza la demanda por que se ejerza el liderazgo de la Presidenta y apunte a cómo salir de esta crisis, que ya se ha prolongado demasiado, esto como lo ha dicho el Diputado Osvaldo Andrade, lo hace reconociendo en parte las acusaciones de inmovilismo y el daño que esto le hace al gobierno.

Pero como el gobierno retoma el control de la agenda, es sobre lo que no hay claridad. En dos semanas la comisión anticorrupción debe entregar su informe, a partir de este el gobierno tiene una oportunidad de instalar una agenda profunda que modernice y haga más trasparente y exigente el ejercicio de la actividad política.

Que se tipifiquen con claridad las conductas que podrían ser sancionadas en sus casos más graves hasta con la pérdida del escaño, se sincere los reales tiempos de campaña y por lo mismo se fortalezca el control y fiscalización del gasto, que se resguarde tipifique también la intervención electoral por parte de autoridades del estado y el tránsito entre reguladores y empresas reguladas, así como sancionar más drásticamente el tráfico de influencias. Todas estas medidas apuntan a elevar las exigencias y darle tranquilidad a los chilenos que quienes desempeñan altos cargos públicos actuaran con la transparencia y celo que sus cargos demandan.

Hay dos requisitos indispensables para que esta agenda anti-corrupción sea exitosa, que cuente con un sentido de urgencia que permita que sea tramitada de forma prioritaria en el parlamento, y que sea aprobada con la máxima transversalidad. Esto porque si el gobierno espera instalar una nueva institucionalidad política esta no puede generar dudas ni menos suspicacias entre los ciudadanos o entre los distintos partidos políticos.

Así es delgado el equilibrio entre una reforma política de esta envergadura que capture la atención y el debate del Gobierno y de la ciudadanía en su discusión y que por lo mismo sea percibida como un paso decidido en la recuperación de la confianza y credibilidad ten necesaria en estos días, le permitirían al Gobierno y al congreso volver a tomar control de la agenda y volver a centrarla en aquellas demandas ciudadanas que han sido desplazadas por este inmovilismo del mundo político.

 Publicado en www.lalupadelcumplimiento.cl el 13/04/2015