Frente a las dudas que han surgido por la creación de un consejo asesor que enfrente la relación entre los negocios y la actividad política, cabe destacar la idea que inspira este tipo de instancias. Me refiero a la idea de “democracia deliberativa”, ampliamente desarrollada por la literatura filosófica contemporánea. Con esta idea se busca, por medio de instancias como la propuesta por la Presidenta, impulsar los propios intereses en función del interés público, donde distintas posiciones cedan la palabra a razones generadoras de legitimidad. Así, la diversidad existente en el espacio público modera la parcialidad para la toma de decisiones colectivas.

El consejo es una oportunidad depositada en un panel de expertos de autoridad para enfrentar una cuestión que es tan antigua como la política misma: la corrupción.

Pero este desafío viene precedido por otras experiencias similares, donde los resultados del proceso fueron desestimados, como vimos en la última reforma educacional. Y esto, con el tiempo, merma las confianzas de la ciudadanía en estas instancias.

Esperemos que el Consejo no sólo sugiera, con la celeridad propuesta, los límites que deben existir entre la actividad pública y los intereses privados, sino que las leyes sugeridas sancionen con fuerza la corrupción en todos los niveles del Estado.