La relación entre dinero y política es de aquella cuya complejidad y conflictividad no es menor. En Chile esto no es novedad y en consecuencia reviste interés abordarlo. Actualmente existen principalmente tres tipos de aportes privados en campañas electorales: los anónimos, los públicos y los reservados. En el caso de estos últimos el receptor no tiene acceso a los nombres de quienes le donan, siendo el SERVEL quien distribuye los recursos donados a los candidatos o partidos.

En el caso de los aportes reservados la razón que se ha esgrimido para justificarlo es que permitiría que el destinatario no conozca al donante, evitando de ese modo cualquier forma de influencia indebida, toda vez que no es posible demostrar que el aporte tuvo lugar.

Por su parte, entre las objeciones se ha sostenido que los candidatos finalmente saben quienes donan y quienes no. De hecho, recientemente ha sido el propio diputado Giorgio Jackson, quien cuando se conoció que había recibido aportes reservados, desde su comando se señaló el nombre de quien lo habría hecho. Si bien, esto demostraría que el sistema no funciona, la verdad es que lo que no estaría funcionando son las sanciones (si es que las hay) para quienes revelaron información.

Ahora bien, suponiendo que el sistema no funciona y como en el caso Jackson es posible saber quien dona, ¿debiéramos suprimir los aportes privados y sustituirlos por aportes exclusivamente públicos? La respuesta no es clara, existe evidencia robusta de las ventajas de los incumbentes respecto de los desafiantes, razón por la cual a igualdad de recursos los primeros tienen mayores probabilidades de ser electos que los segundos, luego, si bien esta fórmula en principio podría evitar la intervención de privados, tendría como efecto no deseado disminuir la competencia, condición básica en toda democracia.

Por otra parte, si la restricción sólo se refiere a los aportes de empresas pero no de privados, cabe recordar que la experiencia norteamericana demuestra que también los aportes corporativos se pueden hacer a través de aportes de individuos. Es decir, suponer que un listado de 200 donantes con sus respectivos aportes es suficiente para demostrar que no son una pantalla para que se transfieran recursos, es algo ingenuo.

Adicionalmente, cabe preguntarse si la prohibición de donaciones de las empresas ha eliminado la influencia del dinero privado en política, la experiencia dice lo contrario, Francia, Bélgica, Portugal y Grecia, donde está prohibido así lo refrendan.

Finalmente, sería ingenuo pensar que porque el financiamiento es público y sólo acotado a personas naturales con límites específicos, resolveremos el tema del dinero e influencia en política, la razón es muy sencilla: el Estado seguirá siendo la fuente y herramienta de intervención básica, ya que en él se anidan toda suerte de incentivos para usar todo el poder con que cuenta y realizar la voluntad de quienes lo administran.

Luego, parece infantil que cada vez que ocurren fallas del Estado, particularmente por la inadecuada aplicación de una norma, se recurra a la idea de cambiar o aumentar sanciones, como de hecho está ocurriendo en el caso de los aportes reservados o en otros temas, lo que sí corresponde es evaluar si es un falla estructural, en cuyo caso debe modificarse la norma o una falla administrativa para lo cual basta ajustar mejor su aplicación.