Con gran exaltación y jolgorio los integrantes de la Nueva Mayoría, con el apoyo de Amplitud, celebraron la aprobación del proyecto de reforma electoral.

Pero una cosa son las declaraciones y otra son los hechos que derivan de la reforma. Así, en materia de gastos, no se entiende que el proyecto, como lo ha señalado el Gobierno, no implicará mayores gastos. Lo sorprendente es que con un proyecto como éste, en buenas cuentas, se nos están insinuando dos cosas. La primera es que, a pesar de que se aumente en 30% el número de diputados y senadores (de 158 a 205), ni sus gastos ni su dieta aumentarán; luego, habría que suponer que estarían sobredimensionados. La segunda es que las operaciones propias de ambas Cámaras, relativas al apoyo de la actividad legislativa, también estarían sobredimensionadas, puesto que con los mismos funcionarios y gastos operacionales se puede ser igualmente eficiente en la formulación, evaluación y estudio de los proyectos legislativos, a pesar de este aumento. Dicho en otros términos, 110 sólo nuestros parlamentarios estarían “sobreestimulados” económicamente, sino que también habría recursos ociosos.

Veamos algunos ejemplos. Actualmente, la dotación máxima de personal, lo que no es lo mismo que el total de personas que están vinculas directamente al Congreso {asesorías con honorarios y/o convenios), alcanza a 803 funcionarios que apoyan la labor de 158 legisladores (diputados y senadores), si éstos aumentan a 205, asumiendo que no hay recursos ociosos y que el diseño de gastos en recursos humanos es constante por parlamentario, dicha dotación debiera aumentarse a unos 1.046. Si bien podría decirse que el efecto no es lineal, puede que la cifra sea menor, pero difícilmente nula, a menos que se aumenten los gastos por convenios y honorarios.

Un segundo ejemplo tiene que ver con los gastos en materia de sustento de los comités de ambas Cámaras, personal de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales. Actualmente, ascienden a unos $30.000 millones para la operación y funcionamiento legislativo, lo que no incluye los gastos en personal. Luego a menos que se estime que estos recursos son más que suficientes, debiéramos esperar que ellos aumenten, tal vez no en 30% más, pero sí, al menos, en alguna proporción. Como no sabemos la forma en que se estructuran no podemos saber el monto exacto de su aumento. No obstante, al parecer el Gobierno supone que son suficientes o que hay economías de escala crecientes.

La verdad es que, a quienes creemos en la importancia de la actividad política, nos cuesta creer que los recursos gastados en el Congreso sobren. Podemos tener reparos pero se comprende que la labor legislativa cuente con la mayor disponibilidad de recursos, no para ser un buzón del Gobierno, pero sí para legislar.

Luego, cuando se señala que la reforma no significará mayores gastos, esto responde a un discurso populista del Ejecutivo. Es obvio que se demandarán mayores recursos, no reconocerlo es demagogia. Desafortunadamente, al igual que con la reforma tributaria, nuevamente la Cámara aparece muy poco activa en mostrar estas ambigüedades.