El Gobierno ha presentado una reforma al sistema electoral binominal, como una forma de aumentar la legitimidad del sistema político y especialmente del Congreso Nacional.

Así conocimos la propuesta liderada por el propio Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo que inició primero negociaciones al interior del oficialismo y luego acordó un entendimiento con el movimiento Amplitud que le aseguraba contar con los votos para aprobar la reforma.

Hasta aquí todo iba bien para las intenciones del gobierno y del propio Ministro.

Pero, tanto el fuerte aumento de parlamentarios, 47 nuevos cargos, como el considerable costo de 13 mil millones de pesos estimado por un informe de la biblioteca del propio Congreso, han generado una fuerte oposición social, de acuerdo a la encuesta UDD-EI Sur en la Región del Bío Bío el rechazo es de un abrumador 82 por ciento.

Frente a esto, se entiende que el ministro Peñailillo haya decido reabrir las negociaciones con otros partidos de oposición para disminuir las críticas al proyecto. Este estilo de negociación caso a caso, donde cada interesado pide lo que considera de su interés, puede terminar atentando contra el principal motivo de la reforma; ganar legitimidad.

Si esta importante reforma electoral termina asignando diputados y senadores de acuerdo a los intereses de los partidos que participen de la negociación, y desoyendo el rechazo que generan el aumento de parlamentarios y el mayor costo, será muy difícil que sea recibida por la ciudadanía como una mejora capaz de contribuir a una mayor legitimidad de nuestro sistema político.