La última medición de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana (ENUSC) trajo varias cifras desalentadoras en el combate de la delincuencia. Al estancamiento de la cantidad de hogares victimizados respecto del año anterior, se suma el aumento de la percepción de inseguridad.

La delincuencia hoy no está en la agenda de prioridades del Gobierno ni de gran parte del mundo político. Curioso, cuando para las personas sigue siendo una de las urgencias más altas, y tiene una de las peores evaluaciones dentro de las áreas de gestión del Gobierno.

¿Qué explica esta desconexión entre la realidad social y la política en materias de seguridad ciudadana? para las autoridades pareciera un problema sin solución evidente o simple, ya que es de aquellos que sólo se pueden enfrentar en el largo plazo y requieren de continuidad en sus políticas y también en la voluntad de la autoridad de turno, si revisamos estos elementos empezamos a encontrar parte de la respuesta al empeoramiento de las cifras que la ENUSC nos demuestra.

La complejidad mayor de enfrentar a la delincuencia pasa también por la necesaria coordinación de los tres poderes del Estado, lo que está lejos de ocurrir. Así, vemos cambios legislativos que no avanzan o no reciben la urgencia del Gobierno, como los proyectos que buscan fortalecer el rol de Carabineros, que explican a estas alturas que en delincuencia no exista la urgencia de un acuerdo nacional que permita sacar adelante con rapidez una agenda legislativa que dé herramientas eficaces a quienes tienen la obligación de combatirla.

Algunos afirman con razón que el combate a la delincuencia fue materia de ardua disputa política, y que fue usado intensamente como herramienta electoral, pero la politización de este tema de tanta preocupación ciudadana no puede ser excusa para no enfrentarlo y avanzar en su solución. La ciudadanía ya no cuenta con credibilidad ni paciencia para la pequeña lógica de agotar la discusión en la búsqueda de responsables, y no de soluciones. Una mínima autocrítica del sistema político llevaría a que, a partir de las cifras de la Enusc, se inicie el diálogo que nos lleve a un acuerdo nacional en materia de seguridad ciudadana y saquemos a la delincuencia de la lista de problemas que se eternizan sin solución.