La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que modifica el sistema electoral para las elecciones parlamentarias, incluyendo una consideración interesante y a su vez polémica para el análisis: la tasa de 40% de obligatoriedad de los partidos políticos para presentar candidatas mujeres en las elecciones, conocida como “ley de cuotas”.

Resulta paradojal pensar que con la disminución del número de distritos, esta medida posea un efecto real sobre el número de mujeres que participan en los comicios cifra que de manera natural ha ido en aumento (35 candidatas que representaban un 8% de los candidatos en 1989 a 90 candidatas que representaban el 19% de los candidatos en 2013). Países que poseen este tipo de leyes, como Armenia, Burundi, Brasil, Irak, México entre otros 65 países en el mundo, en general son aquellos con menores porcentajes de libertad política y económica en índices internacionales. Así cabe preguntarse: ¿son los mecanismos que restringen la libertad de los partidos políticos y, por consecuencia, del sistema democrático, una herramienta efectiva para incentivar la participación femenina? ¿Incentiva el nuevo diseño electoral la participación de mujeres en el proceso eleccionario? La falta de respuestas a estas interrogantes no es más que el reflejo de una reforma electoral que requiere de mayor discusión y criterio técnico, dejando de lado anhelos ideológicos que podrían mermar su implementación y disminuir su eficiencia.