Señor Director

Uno de los aspectos que resaltan en la lectura de la propuesta de nueva constitución es la apropiación de conceptos e ideas derivadas de la política de la identidad. Ésta alude a grupos, usualmente marginalizados o estigmatizados, que han experimentado diversas formas de injusticia y que, por ende, deben ser resarcidos en sus derechos o deben ser reconocidos en su autenticidad (entendida como una identidad dada en un tiempo previo a la opresión).

Sin embargo, toda categorización genérica de este tipo corre el riesgo de caer en lo que podríamos denominar esencialismo identitario, y que implica enfatizar un eje de identidad en desmedro de otros y donde se hace difícil enfrentar los desafíos que la misma filosofía de la identidad ha reconocido con la noción de interseccionalidad. Esta idea dice que ningún criterio identitario puede entenderse como siendo separado de otros. Y por tanto, hablar de «pueblos indígenas», o «disidencias sexuales o de género» sin distinguir, al mismo tiempo, clase, roles y funciones, contextos sociales y étnicos, identidad religiosa o cultural, idioma, edad, etc., es arriesgar representar la experiencia de solo algunos de los miembros del grupo.

Los efectos de esto, como dice Anthony Appiah, pueden ser la de presionar por cierta disciplina; vale decir, de que se imponga una visión sobre lo que significa ser miembro de tal grupo a todos sus miembros. En consecuencia, sea cual sea el resultado en septiembre, cabe cuidar que las intenciones de reparar o reconocer, no vayan en desmedro de inhibir la autonomía individual sobre la identidad propia.