La reforma tributaria propuesta por el ministro de Hacienda está enfrentando las primeras dificultades que sufre toda promesa de campaña al momento de transformarse en algo concreto; esto es, que serán más los decepcionados con ella que los que se habían logrado ilusionar. La reforma es tan compleja y extensa en cuanto a los sectores que se sienten amenazados por ella, que ya son varios los parlamentarios oficialistas que entienden que no podrá ser aprobada de la manera en que ha sido presentada. No son pocos los llamados que debe estar recibiendo Hacienda provenientes del Congreso, todos con la misma duda:
¿Quién pagará finalmente? Se hizo campaña prometiendo que los más ricos y las grandes empresas pagarían la reforma, y hoy eso no parece que se estaría cumpliendo. Son demasiadas las señales de que se afectará directa o indirectamente el bolsillo de la clase media, lo que genera dudas. Desde el Ministerio de Hacienda se multiplican las explicaciones dando detalles que sólo profundizan estas dudas. Observar al más bacheletista de los senadores de la DC —Jorge Pizarro, figura clave de la campaña— oponiéndose abiertamente a un alza al impuesto al pisco, que afecta directamente a sus electores, es una señal concreta y potente de que aunque el ministro Arenas le recuerde que eso estaba escrito en el programa, no será suficiente para obligarlo a aprobar. No será fácil para Arenas entender que no contará con la incondicionalidad de votos de sus parlamentarios, que si bien aprueban el alza de impuestos en general, no estarán disponibles para afectar intereses de sectores específicos, sobre todo si pueden ponerlos en contradicción con sus propios electores.
Otro ejemplo es la dificultad que tendrá el senador Felipe Harboe, un público defensor del derecho a la privacidad de la información comercial de las personas, ahora que el paquete de reforma incluye facultar al Servicio de Impuestos Internos para que acceda directamente a la información de las tarjetas de crédito como una manera de fiscalizar a los contribuyentes. Esta medida va en el mismo espíritu de sospecha general hacia los contribuyentes que inspira la reforma. Debilita el estado de derecho que una repartición pública quede convertida en juez y parte; incluso en los casos de lavado de dinero o narcotráfico, cualquier limitación a la privacidad debe ser autorizada por un juez sólo si ve motivo válido para dicha limitación. El senador deberá resolver la contradicción en que lo pone la aprobación de esta norma. No será raro ver que en las próximas semanas sea la propia Presidenta Bachelet la que deba intervenir para asegurar el apoyo de parlamentarios en esta reforma.
Este no es el primer gobierno que sube los impuestos a las empresas, pero sí es el primero que tiene una intención de refundación del sistema impositivo. De hecho, no es el alza del impuesto de primera categoría pagado por las empresas lo que ha generado mayores reclamos, sino la manera como se afecta la capacidad de ahorro con la eliminación del Fondo de Unidades Tributables. El ministro Arenas sostiene que algunas personas harían mal uso del FUT, herramienta clave para incentivar el ahorro, pero en vez de fiscalizar mejor su uso, se apura en eliminarlo, sin proponer una mejor alternativa que asegure al menos el mismo nivel de ahorro actual, indispensable para el crecimiento. La incertidumbre que ha despertado esta reforma tributaria en quienes realmente soportarán los mayores impuestos, y la manera en que esta nueva distribución de la carga afectará el crecimiento y el empleo de cada región y sector económico, es lo que cada parlamentario debe revisar al momento de votar.
Fuente: Diario La Segunda.
