Muchos son los argumentos de la Nueva Mayoría para realizar la reforma tributaria; sin embargo, el más sobresaliente tiene que ver con mejorar la distribución del ingreso, para lo cual se postula que “los que tienen más deben pagar más”.
Pero, ¿no es eso así hoy en día? Por lo pronto, si vemos el caso de las personas (consolidado del impuesto de segunda categoría y global complementario) que se encuentran en el tramo del 40% en la tasa, un 0,3% del total de contribuyentes aporta el 36,8% de los impuestos. Más aún, quienes se encuentran entre el 25% y 37%, un 2% de los contribuyentes, aportan el 35,8% de los impuestos. Y el 5% cuyas rentas están entre el tramo 10% y 15%, aporta el 20%. Luego, parece que los que tienen más sí pagan más.
Por su parte, un 78% de los contribuyentes contribuye con el 0,3% de los impuestos. Se dirá que esos 7,5 millones (el 78,7%) ya pagan impuestos suficientes con el IVA, dado que éste incide más en ellos; sin embargo, quienes se encuentran en los tramos superiores también pagan IVA (como lo hacen con el tabaco, bebidas alcohólicas y no alcohólicas) y con los impuestos que se les retienen se hace posible que el resto también lo pague.
Ahora bien, mirando otros impuestos que no han sido abordados por la reforma, o al menos no tenemos noticia de ello, observamos una situación similar. Tal es el caso del permiso de circulación que, como su nombre lo indica, es un impuesto por el uso de calles. Sin embargo, ¿por qué un automóvil caro paga más que uno más barato, en circunstancias de que no hay razón alguna para suponer que el primero circula más que el segundo? La verdad es que se trata de un impuesto patrimonial y no de circulación. Más aún, mientras más seguridad brinda el automóvil y menos contamina (un auto híbrido, por ejemplo), más paga. Veamos un ejemplo extremo, un vehículo que cuesta $29,6 millones paga un permiso de circulación de $1,1 millón, mientras que uno de $6,1 millones paga $110.817, vale decir, el primero cuesta cinco veces más, pero paga 10 veces más.
Otro tanto encontramos en las contribuciones de bienes raíces. Por ejemplo, una casa avaluada en $22 millones paga aproximadamente $90.000 (y una de $20 millones, nada). Sin embargo, una cuyo valor es de $110 millones paga $1 millón, es decir, once veces más, a pesar de que el precio es sólo cinco veces superior. También se trata de un impuesto patrimonial y redistributivo, y no tiene necesariamente que ver con el uso que se hace de la comuna donde se vive ni con los beneficios que recibe de ella.
¿Son estos los ricos? La verdad es que depende de cómo se los defina, pues en estas categorías encontraríamos ministros, subsecretarios, senadores, diputados, gerentes, subgerentes, profesionales, empresarios, etc. Luego, si estos no son los más ricos que no pagan más, ¿quiénes son? Sería interesante que el Gobierno lo clarificara. Si se trata de los dueños y accionistas (entre ellos los chilenos a través de las AFP) de las empresas más grandes, que tienen las remuneraciones promedio más altas y que dan empleo al 30% de los chilenos, ya tendríamos un avance.
En cualquier caso, no parece razonable decir que en Chile los que tienen más no pagan más. Eso raya en la demagogia y el populismo. Pueden ser muchos los que eluden, pero afirmar que los más pobres son los que pagan más —como han hecho algunos—, es casi una broma.
Cosa distinta es plantear derechamente que para llevar a cabo determinadas reformas se requieren importantes esfuerzos. Sin embargo, el lenguaje de la reforma tributaria ha acudido a un enfoque ideológico y ahora “ético”, según se ve en algunas columnas. Nadie discute que el país tiene muchas necesidades aún por abordar, pero recurrir a esta formulación no sólo es impreciso, sino que además supone creer que con este tipo de mecanismos se resolverán los problemas del país. Pero que el Estado cuente con los recursos no es garantía de que sean gastados correctamente.
Fuente: Diario La Segunda.
