Hace dos meses, los medios chilenos daban una cobertura marginal sobre la masacre de estudiantes por parte del gobierno del ex guerrillero sandinista Daniel Ortega. Esta situación llama mucho la atención, toda vez que en la actualidad existe un amplio espectro político, liderado por el gobierno de Chile, que solidariza con la oposición a la dictadura de Maduro, estrechamente relacionado con él.

A propósito de los dichos de Vargas Llosa que no hay dictaduras buenas, cabe agregar que tampoco todas las democracias lo son. En efecto, Ortega es un claro ejemplo de lo que podemos denominar un autoritarismo electoral democrático, donde los procesos democráticos son intervenidos, defraudados y, sin embargo, son la justificación última para la instauración de un gobierno autoritario.

Y es que Daniel Ortega fue reelecto en un proceso que está bajo la supervisión de un Tribunal Supremo Electoral, que él mismo ha politizado y controla, pasando a llevar la Constitución. De esta manera, se permitió su última reelección, sumando así 16 años en el poder (1985-1990; 2007-2012; 2017 hasta el presente). En este contexto, Ortega había gobernado los últimos años en alianza con el empresariado (unión establecida en las últimas reformas constitucionales del 2014), la que se ha quebrado frente a la violencia con que se han reprimido las protestas. Hoy no cuenta con el apoyo ni de los empresarios, ni de la Iglesia, y el ejército se ha negado a reprimir las manifestaciones.

La gota que rebalsó el vaso del conflicto fue un decreto presidencial publicado el 18 de abril en la Gaceta del Diario Oficial, con el cual quedó aprobaba la deducción mensual del 5% a los pensionados por vejez, invalidez e incapacidad.Esta reforma afecta a un sector vulnerable de pensionados, que reciben en torno a los 200 dólares mensuales de pensión.

Ese mismo día comenzaron protestas de estudiantes que fueron reprimidas violentamente por la Policía Nacional y los grupos de choque del gobierno sandinista conocidos como Juventud Sandinista (JS). Se censuraron cuatro canales de televisión y una radio, y otra radio fue incendiada. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), hasta la fecha se contabilizan más de 178 muertos, que en este último fin de semana incluye una familia completa de seis personas quemadas en su casa por grupos paramilitares.

Los movimientos sociales, liderados desde un comienzo por los estudiantes vanguardia de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y otras universidades públicas, demandan la renuncia inmediata de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, además de la jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera. Cabe señalar que la pareja Ortega-Murillo tienen nueve hijos, de los cuales siete están en altos cargos de gobierno, controlando además los medios de comunicación.

El Gobierno de Nicaragua ha intentado desprestigiar a los movimientos sociales, aduciendo que están siendo manipulados por la CIA o la derecha en Nicaragua, sindicando las protestas de “actos terroristas” del “crimen organizado”. Este “argumento”, que hemos visto reiteradamente en los líderes de las izquierdas latinoamericanas, sólo busca construir un enemigo común y justificar diversas formas de autoritarismo democrático que violan sistemáticamente los derechos humanos. Regímenes que se caracterizan por ser nepóticos y corruptos, tener vínculos al narcotráfico, y en los cuales no existen las garantías mínimas para convivencia democrática de un país occidental.

Ya transcurridos más de dos meses, la situación es crítica. Hace dos semanas una delegación opositora viajó a Washington para presionar por la inclusión de ese conflicto en la agenda de la OEA, institución que condenó la horrible masacre de la familia este fin de semana. Así, Nicaragua se suma a Venezuela a los países donde existe crisis humanitaria, a lo que habrá que estar atentos esperando la salida pacífica del gobierno que, a pesar de todo, se sigue llamando a sí mismo democrático.

Elvin Francisco Rodríguez Fabilena, abogado nicaragüense, Maestrante en Estudios de Europa Central de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa.

José de la Cruz Garrido, investigador del Centro de Políticas Públicas, Facultad de Gobierno UDD.