No está en juego complacer a las clasificadoras de riesgo internacionales, sino más bien que la baja de la clasificación de riesgo país fue en verdad el reflejo de una evolución económica y fiscal que, de continuar, podría tener consecuencias mucho más gravosas. Marcar un cambio de tendencia de los indicadores fiscales realmente requiere de un esfuerzo de austeridad en algunas áreas de la actividad del Estado.
Como se recordará, a mediados de 2017 la agencia Standard & Poor’s rebajó la clasificación de riesgo país de Chile. Algunas semanas más tarde, la agencia Fitch hizo lo mismo. La rebaja de este indicador, que mide las perspectivas de la capacidad de pago de una nación, se debió a un proceso de crecimiento económico débil que derivó en un aumento significativo de la deuda pública. Si bien la clasificación de riesgo de nuestro país sigue siendo de “investment grade” (en oposición a tener un grado especulativo), un descenso en el riesgo país se traduce en que en los mercados de capitales internacionales tanto el Estado de Chile como las empresas nacionales enfrentan un mayor costo de financiamiento. Este mayor “premio por riesgo” puede, en el margen, tener efectos sobre la inversión.
Cuando la administración entrante en marzo de 2018 colocó entre sus prioridades de política macroeconómica el recuperar la clasificación de riesgo país, en la práctica reconoció estos efectos. Las medidas de austeridad fiscal que se han venido anunciando en las últimas semanas buscan hacerse cargo de este problema y retomar también la senda de la responsabilidad fiscal. Este no es, sin embargo, un problema fácil de resolver, en la medida que ello implica enfrentar unos niveles de déficit fiscal efectivo y estructural que son importantes.
En particular, al asumir el ministro de Hacienda se comprometió a tomarse el plazo que establece la ley de responsabilidad fiscal para determinar los compromisos fiscales que asumirá el gobierno. En este ámbito, ser responsable implica ser también realista y hay que revisar bien lo que se puede prometer, dentro del margen de una convergencia al balance estructural (que ojalá se institucionalice de forma efectiva). Lo que viene es una tarea que va a ser difícil de cuadrar y de vender.
«Las medidas de austeridad fiscal que se han venido anunciando en las últimas semanas buscan hacerse cargo de los efectos de la rebaja en la clasificación de riesgo país sobre la inversión, y también de retomar la senda de la responsabilidad fiscal”.
Es que uno podría decir (y se ha dicho) que a pesar de la rebaja, el nivel de riesgo país sigue siendo muy positivo en el contexto regional. Y lo mismo podría decirse sobre los niveles de deuda pública, que son muy moderados desde un punto de vista comparativo. Al mismo tiempo se podría alegar que el efecto sobre el costo de financiamiento es muy menor (aunque, siendo riguroso, el argumento en este punto debe ser simétrico).
La austeridad —en todo ámbito, no sólo en materias fiscales— no es fácil de digerir y es importante explicar por qué hay que ser austero. En el caso concreto que examinamos, esto es particularmente relevante dado que las expectativas indican que viene una recuperación económica en el país.
El punto a anotar es que aquí no está en juego complacer a las clasificadoras de riesgo internacionales, sino más bien que la baja de la clasificación de riesgo país fue en verdad el reflejo de una evolución económica y fiscal que, de continuar, podría tener consecuencias mucho más gravosas. Marcar un cambio de tendencia de los indicadores fiscales realmente requiere de un esfuerzo de austeridad en algunas áreas de la actividad del Estado (algo que por lo demás no se había hecho en bastante tiempo), especialmente dado que existen cuantiosos gastos fiscales ya comprometidos de los que hay que hacerse cargo.
Todo esto nos lleva al otro argumento que se le da a la recuperación de la clasificación de riesgo país, que es que ella demuestra la importancia que se le otorga a la estabilidad macroeconómica y fiscal. Esta es una señal de política económica.
¿Es también una señal política? Ello se podría referir a la definición implícita aquí sobre el rol del Estado en la economía. Esto es algo que está pendiente en las decisiones que deberá tomar la autoridad, y que está relacionado no sólo con los próximos pasos en el plan de austeridad fiscal, sino también con las características de una potencial reforma tributaria.
Juan Pablo Couyoumdjian, doctor en Economía y académico de la Universidad del Desarrollo
