Acaba de salir a la luz pública que Carabineros detuvo a más de 10 mil menores de 14 y 15 años durante el año 2016.

Este dato, que podría sonar alarmante, se condice con la alta deserción y los diversos indicadores de extrema pobreza entre los más jóvenes de nuestra sociedad.

En este contexto, el programa del candidato de la centro-derecha Sebastián Piñera alude a “crear el sistema Alerta Infancia, nuevo sistema integrado y articulado de información para el seguimiento, monitoreo, evaluación y atención de los Niños Niñas y Adolescentes”.

A lo que agrega que “dicho sistema consolidará información de los ministerios y servicios públicos, la Fiscalía, los Tribunales de Familia, entre otras instituciones del Estado.

Ello para realizar una intervención oportuna y reparadora ante la detección de casos de deserción escolar, ante el primer contacto con el sistema penal o ante el consumo problemático de drogas o alcohol, entre otros” (p.

96).Sin embargo, ni en este, ni en otros programas de los presidenciables, el foco está en los menores ni en los sectores más vulnerables.

Por el contrario, si hay algo en común entre socialdemócratas y el actual giro programático de la centro-derecha, es que el rol subsidiario del Estado, pierda su focalización y que ésta no esté en los más desaventajados.

Incluso, la actual renovación de la derecha persigue securitizar a las clases medias, frente a eventuales situaciones de riesgo, propias de la vida de los más aventajados.Este cambio de foco, si bien es razonable y persigue un consenso político, no es un tema menor si concebimos cuales debieran ser las prioridades de un Estado, que enfrentado a recursos escasos, no ha sido capaz de garantizar la libertad de una parte importante de sus miembros.

Como es el caso de menores en situación de extrema vulnerabilidad, a los que incluso el mismo Estado ha sacado de su seno familiar, sin el debido proceso institucional, lo que ha derivado en los horrores por todos conocidos.

En este punto se ha confundido el rol subsidiario, el que no puede recaer conceptualmente en privados, en lo que refiere a la protección de derechos civiles y humanos (lo que no es lo mismo que un administrar un hospital), ya que es sólo el Estado el garante de su debido ejercicio y no fundaciones de caridad o “centros colaboradores”, que al final del día reciben un voucher o incentivo para cumplir las funciones que recaen exclusivamente en la Ley y el Estado: la protección de justicia.

Cosa distinta es la rehabilitación o prevención desde una mirada de salud pública.En este punto, estaría de acuerdo incluso el más estricto libertario que concibe que la única acción moralmente legítima del Estado en el uso monopólico de la violencia, es aquella que es garante de asegurar la libertad y propiedad de sus ciudadanos.Por lo mismo, que las contradicciones que sustentan la retórica de un Estado solidario, o de Bienestar 2.0, sean más que teóricas, de orden práctico.

Toda vez que la garantía de los derechos humanos de nuestros menores esté en entredicho, es prioritaria su solución respecto de “solidarizar” otros beneficios económicos y sociales de segundo orden para los más aventajados, más allá si se adopta o no una mirada paternalista.Por el contrario, desde una mirada igualitarista, las diferencias de los más aventajados se justifican justamente porque mejoran al peor situado en la sociedad.

Esto último es una demanda ética que la sociedad no se puede permitir a costas de seguir, por ejemplo, con una política que busca garantizar, a toda costa, la educación universitaria universal, cuando ni siquiera es capaz de garantizar la protección de derechos de menores o la continuidad de los estudios escolares más desaventajados de 14 o 15 años.

Por lo mismo no debiese extrañar que el programa focalizado PACE sólo corresponde al 0,57% de la matrícula total universitaria y el año pasado quedaron 5700 vacantes desocupadas.

Y esto es signo de que hay algo estructural que sí hay que cambiar. *José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

Ver nota publicada: http://lanacion.cl/2017/11/04/menores-infractores-de-ley-y-el-giro-de-la-centro-derecha/