Si usted es de aquellos habitantes que la ex ministra Helia Molina califica como “que no cacha ni lo que es la Asamblea de la ONU”, refiriéndose a los votantes de Ñuñoa en relación a su viaje acompañando a la Presidenta, no se preocupe. ¿Por qué? Porque Molina, más allá de sus desafortunadas expresiones, está consciente de que una manera de conseguir visibilidad es a través de pedir el apoyo de las autoridades de gobierno, lo que se puede verificar en muchos otros casos. En buenas cuentas, es una estrategia de “hacer campaña sin hacerla”. Es obvio. Una inauguración, un festival de música, un comunicado de prensa sobre un proyecto de ley, etc., son todos eventos en los que, al participar autoridades de gobierno (Presidenta, ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, intendentes, intendentas, etc.) junto con candidatos a alcaldes, reciben una cobertura mediática que termina por beneficiar a estos últimos.

El problema es que esto juega sólo en una dirección, la de los cercanos al gobierno y los recursos mediáticos y pecuniarios que pueda transferir de manera indirecta. Claro está que siendo tan baja la popularidad del Ejecutivo, podría sostenerse que hasta es un riesgo. Sin embargo, el solo hecho de aparecer en una escena de televisión o fotografía ya de suyo es un avance, al menos respecto de quienes no tienen esa posibilidad. En este caso, Molina y otros hacen “muy bien” en conseguir recursos mediáticos de parte del gobierno, ya sea para darse a conocer o, simplemente en el caso de los que ya son conocidos, para monopolizar la competencia electoral.

Afortunadamente, este tipo de “dinero mediático” ciertamente se les quedó fuera a nuestros celosos reguladores. De haberlo incluido se podría decir que en definitiva ya no se trataba de regular el dinero en la política, sino la política misma, es decir, hacer de ella algo tan desconocido y oculto que perdería todo significado.

Pero lo concreto es que cuando el “dinero mediático” se encuentra restringido sólo a quienes están cerca del gobierno, tiene el efecto de horadar la competencia electoral. ¿En qué sentido? En muchos, pero el más claro, como se dijo, es que deja fuera de cobertura a los que no tienen acceso a ella o permite que con antelación al inicio de la campaña los afortunados partidarios del gobierno de turno puedan acceder a dicho “dinero mediático” sin trasgredir la ley. Esto obviamente hace menos competitiva la elección.

Más allá del efecto distorsionador que pueda tener el “dinero mediático” que fluye desde el gobierno y todas sus expresiones subsidiarias, más grave es lo que está sucediendo con la carencia de información sobre los candidatos y la actual campaña. Recientemente, Panel Ciudadano-UDD ha publicado el resultado de un sondeo de opinión en la Región Metropolitana en que se pregunta a los encuestados si “conoce a los candidatos a alcalde de su comuna”. El 51% declara que no los conoce. Esto podría explicarse porque un alto porcentaje de personas no está interesada en votar (de hecho, es probable que nunca lo haya hecho) y menos en saber quiénes son los candidatos, de lo que podría concluirse que este es un piso para medir a los que no participarán en las próximas elecciones.

No obstante lo anterior, dicha cifra también responde a la escasísima información sobre la elección con que actualmente se cuenta. Así, el exabrupto de Molina encierra una verdad: actualmente la mayoría de las personas están desinformadas. Lo que tiene un efecto favorable para los que están en el cargo (incumbentes) y ciertamente desfavorable para los desafiantes. En un contexto como el de las elecciones municipales, en que dos de cada tres candidatos que van a la reelección tienen éxito (con o sin “dinero mediático” del gobierno de turno), el efecto de lo anterior es que le quita incertidumbre a un fenómeno que debiera tenerla: las elecciones. Si de algo se trata la competencia es precisamente de ello, algún nivel de incertidumbre respecto del resultado, la que deriva de la exposición de distintos candidatos y partidos, de las ventajas y desventajas de votarlos a ellos o a sus adversarios. Más grave aún es que hace más probable la abstención. Después de todo, para qué votar si el resultado ya está definido.

Si los autores de la ley y los órganos encargados de hacerla cumplir tenían como propósito fomentar un sistema electoral competitivo y participativo, claramente están generando lo contrario. La falta de recursos y las restricciones administrativas están haciendo más invisible la política y, por lo tanto, más prescindible.

Eugenio Guzmán, decano Facultad de Gobierno UDD.

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