Nuestra historia está llena de reformas que lograron instalarse con éxito frente a demandas y necesidades de la ciudadanía. Para eso, cada gobierno había sabido construir el acuerdo necesario para ello. Y curiosamente los parlamentarios y los partidos de gobierno y oposición se peleaban por atribuirse responsabilidades en su aprobación. Qué lejana se ve hoy esa imagen de una política capaz de construir más allá de las legítimas diferencias. Pareciera que hoy la reforma de la educación superior va camino a ser la nueva víctima de la incapacidad política de quienes hoy nos gobiernan.
El lunes pasado el comité político de La Moneda se reunía para conocer la esperada reforma de la educación superior. Después de largos años de espera, la reforma estrella del gobierno veía la luz, pero el tono del debate giraba en torno a los costos políticos que ésta implicaba para los partidos de la Nueva Mayoría y no sobre los beneficios. Eran más las voces de los que temen un castigo electoral vinculado al incumplimiento grave de la promesa central de la anterior campaña presidencial.
La reforma a la educación superior parece que va a seguir el derrotero de todas las reformas anteriores, pero en un tono más acelerado. En lo que ya parece un sino trágico, predomina la falta de apoyo y de una masa crítica mínima que crea en la reforma y que la defienda. La visibilidad de los costos políticos de incumplir la promesa de gratuidad, después de que la mayoría de los diputados y senadores de la Nueva Mayoría hizo campaña prometiendo abiertamente una educación universitaria gratuita, los pone en una situación crítica al tener que volver a recorrer los barrios y comunas en esta elección municipal asumiendo el riesgo de tener que dar explicaciones y enfrentando la posibilidad de un voto de castigo de parte de quienes se sienten defraudados.
Son muchos los que siguen esperando una explicación. La reforma tributaria aprobada con el discurso de subir los impuestos para financiar la reforma educacional no alcanza ni siquiera para dar cobertura plena al 50% más pobre de los estudiantes. Este gigantesco error de cálculo habla del permanente déficit técnico de que han adolecido las reformas de este gobierno. En qué incómoda posición ha quedado la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien aseguraba en campaña y repetía durante sus primeros años que la promesa de gratuidad estaba financiada, cosa que hoy sabemos no era verdad.
Por eso, el proyecto del gobierno no tiene partidarios, es una reforma necesaria pero que como está construida nadie la quiere. ¿Quién sostiene en el debate público que es una buena reforma?
El mayor desastre viene de que estos errores y la ineptitud del gobierno están haciendo perder el tiempo a miles estudiantes y sus familias que esperaban lo prometido. Pero también a los distintos actores del sistema educativo, como las universidades y sus rectores, que luego de más de dos años de espera solo han presentado reparos y críticas al conocer el proyecto de la reforma.
Gonzalo Müller, director Programa de Opinión Pública, Facultad de Gobierno UDD.
Columna publicada en El Líbero 11/07/2016
