Cronología o Timeline, el seguimiento a la “ley corta” para la gratuidad muestra que el Gobierno se ha pisado los talones a la hora de fijar los tiempos y estimaciones. El 21 de mayo se cumplirán dos años del anuncio de la Presidenta sobre gratuidad.

La promesa o tarea, no menor por cierto, equivalía a entregar –durante su mandato– el beneficio al 70% de los estudiantes más vulnerables, en números reales unos 670 mil jóvenes. El 30 de noviembre pasado cerca de 288 mil jóvenes dieron la PSU, muchos de ellos lo hicieron con la esperanza de ser parte de la gratuidad. Pero el relato es otro, el Mineduc y sus estimaciones han hecho cambiar más de 10 veces el número: en un principio los beneficiados serían 264 mil, cifra que se ha recortado en más de un 50%, llegando a los 125 mil alumnos.

Cabe recordar palabras de la entonces ministra (s) de Educación, Valentina Quiroga, quien señalaba el 1 de diciembre del 2015 que los estudiantes sabrían si eran beneficiarios antes de las postulaciones: “el 27 de diciembre los estudiantes tienen sus resultados de la PSU e inician su proceso de postulación. Y lo que es responsable, es que al momento que los alumnos inicien ese proceso tengan la información”. Bien sabemos que el proceso ha sido tardío y equívoco.

Por ello surge un llamado a la mesura en la formulación de políticas públicas, donde el concepto de gradualidad y de responsabilidad social y política es vital, sobre todo a la hora de crear sueños de ese calibre.

Un estudio del Centro de Estudios de la FECH arrojó los siguientes datos: la proyección al impacto, sobre el total de la matrícula, llega a una cobertura del 13,9%, muy por debajo de lo prometido por el gobierno. Otro dato duro es que los 125 mil alumnos a los cuales se les estaría entregando el beneficio, equivale solo al 19%, de los 670 mil comprometidos por Michelle Bachelet en su campaña, dejando en evidencia la incapacidad de implementar una política pública, tanto en el relato como en su instalación.

También es relevante percibir el impacto en relación a los nuevos alumnos –de los primeros cinco deciles– beneficiados por la gratuidad, ya que las cifras no son tan diferentes al número de los que entraron a la educación superior el 2015 con algún tipo de beca por arancel. Entonces, ¿qué incentivos existieron para que los jóvenes más vulnerables sí pudiesen acceder a este beneficio? ¿Permitió que más jóvenes con méritos alcanzaran el sueño de la universidad? A fin de cuentas, son los mismos alumnos que, con o sin gratuidad, están llegando a la educación superior.

Desde el punto de vista de las universidades, transversalmente éstas han pagado los costos de la gratuidad, debido a que la fijación de aranceles va en dirección contraria a los proyectos educativos autónomos de cada casa de estudio, sin respetar la particularidad y enfoque de las instituciones. Es imposible plasmar una política de aranceles, sin saber cuánto existe en términos de inversión, infraestructura, docencia, número de alumnos, malla curricular e investigación en cada institución, o cuál es el costo real de las carreras.

Hoy surgen interrogantes ante los plazos incumplidos.

¿En qué consistirá la “ley larga”?, ¿será pareja -para todas las instituciones- la exigencia mínima de años de acreditación?, ¿a cuántos alumnos se llegará finalmente en 2016 con gratuidad?, ¿el 2017 también será por glosa presupuestaria? Y, finalmente, ¿quién paga o cómo se paga la “gratuidad”? El foco en los niños No podemos concebir este análisis sin un recordatorio: una política de gratuidad en la educación superior es injusta si los más vulnerables no logran a acceder a ella por puntaje: sobre el 70% de los estudiantes de educación municipal no alcanzó los 500 puntos en Matemática y Lenguaje.

Pues bien, el foco debiese estar en el aprendizaje de los niños y en las oportunidades para las nuevas generaciones, desde la más temprana edad y que ya no exista una brecha inicial que se comienza a percibir ya a los 5 años, o inclusive desde la cuna.

“La cuestión educacional” no ha discutido ni la calidad, ni menos el foco en los niños, principales actores de la educación pre-escolar, primaria y secundaria.

Solo basta realizar un cuadro comparativo de los resultados Simce y PSU de Vitacura respecto a La Pintana, para entender lo urgente de cambiar el debate, puesto que ahí está el real avance para que futuros jóvenes puedan pensar recién en optar a la educación superior.

Tenemos la obligación de crear un sistema que aumente sustancialmente las oportunidades de los pobres y sectores medios, corrigiendo de esta manera las desventajas iniciales que no tienen que ver con el esfuerzo de cada persona. Una sociedad que trate a todos sus integrantes de manera imparcial y con la misma consideración se podrá tildar de justa.

Debemos procurar que nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de crecer y creer, y no que sólo algunos tengamos la opción de un camino más pleno, como el baile de los que sobran de Los Prisioneros, donde la educación “no fue tan verdad porque esos juegos, al final, terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras”.

Columna publicada en Voces de La Tercera 12/05/2016