Una de las principales funciones de los programas de gobierno es mostrar a la ciudadanía el enfoque que tendrá la administración a la hora de priorizar ciertas materias por sobre otras. Es una máxima conocida de la economía la infinidad de las necesidades y lo escaso de los recursos, por lo que la jerarquización de prioridades se vuelve un ejercicio esencial para la elaboración de políticas públicas que contribuyan al sano progreso del país. En este proceso la coyuntura nacional -ya sea económica, social, climática, entre otras- determina en gran medida los reajustes que sobre la marcha se deben realizar y que terminan modificando las líneas de acción originalmente trazadas: un terremoto o una recesión económica sin duda reordenarían las prioridades de cualquier gobierno. No obstante, incluso frente a tal escenario existen temáticas que por su importancia y alcance no debieran estar sujetas a postergación, puesto que constituyen bases mínimas sin las cuales el desarrollo de la sociedad se hace insostenible o al menos cuestionable. De esta forma, las asignaciones de recursos realizadas por los gobiernos vendrían a reafirmar el compromiso de cada administración con el enfoque propuesto en su programa, por lo que dicha distribución presupuestaria es, en gran medida, un cálculo de congruencia entre el programa de gobierno y las políticas públicas para concretarlo.

Por tal motivo, y dado que la superación de la pobreza –particularmente los campamentos– está consignada en el programa como una prioridad, cuesta entender por qué el Gobierno elaboró un presupuesto que recorta los recursos para la erradicación de campamentos en casi 10% con respecto del año anterior, aun sabiendo que, como lo señalan datos de la Fundación Techo, han aumentado en 2.700 las familias que habitan estos lugares. Así, resulta incongruente que ante un incremento sustancial de este problema público el Ejecutivo responda con una disminución de los recursos necesarios para avanzar en dicha materia. En efecto, aunque el Gobierno lograra cumplir la meta autoimpuesta de erradicar 60 campamentos el 2016, aun así no alcanzaría a cubrir el aumento de familias evidenciado el período anterior. Por lo tanto, paradójicamente, aquellos jóvenes que viven en campamentos tendrán acceso a educación universitaria gratuita sin siquiera tener una vivienda digna o acceso a servicios sanitarios básicos. Cabe precisar en este punto que no es la gratuidad misma el problema, sino la obstinación por sacar adelante una política de más de $ 500 mil millones que obliga a recortar recursos a otras materias incluso más elementales -para erradicación de campamentos serán poco más de $ 12 mil millones-, obviando criterios de urgencia y priorización. Por ende, cuando se analiza el panorama en su totalidad, se puede apreciar que el conjunto de políticas termina siendo regresivo. Ante esto, cabe cuestionarse cómo los distintos actores que intervienen en el proceso de las políticas públicas están conformando la agenda, y en este punto la ciudadanía tiene un rol importante por su capacidad de instalar temas y dar visibilidad a ciertas demandas. Sin embargo, es la clase política la que tiene la última palabra, puesto que será responsabilidad de cada gobierno el fijar prioridades y distribuir recursos de acuerdo a su programa. Nuestro país no debe perder el correcto sentido de jerarquización de necesidades, lo cual necesariamente se debe reflejar en la eficiente asignación -y ejecución, por cierto- de los recursos, lo que no implica frenar el progreso, pero tampoco seguir postergando temas de carácter urgente, ya que ante las condiciones de extrema vulnerabilidad de quienes viven en campamentos una política como la gratuidad universitaria parece un tema suntuario.

Columna publicada en El Líbero 11/01/2015