SI el 2014 fue el año de analizar el cumplimiento de los compromisos de los primeros 100 días, el 2015 debió ser el año de la consolidación de la agenda legislativa del Gobierno. Sin embargo, el año termina con una sensación de mayor pesimismo ciudadano. La reciente encuesta CEP muestra que un 64% de los chilenos considera que el país está estancado. El Gobierno ha continuado con su agenda, a pesar de las autocríticas que algunos de sus ministros y ex presidentes han realizado y de la fuerte oposición a sus reformas manifestadas por la ciudadanía. Más grave aún han sido los errores y continuas improvisaciones presentes durante este año en la elaboración de las iniciativas de ley. Un ejemplo lamentable es lo ocurrido con el proyecto de gratuidad en la educación superior, que más allá de sus zigzagueantes cambios de criterios, confirma que el actual Gobierno prefiere subordinar la justicia y la igualdad de oportunidades en materia educativa para satisfacer a los grupos presión del Estado, aunque ello signifique discriminar arbitrariamente a miles de jóvenes vulnerables. De no ser por la decidida acción opositora de Chile Vamos, hoy la gratuidad sería un beneficio solo para las universidades del Consejo de Rectores, discriminando con ello a la gran mayoría de los estudiantes vulnerables que asisten a instituciones técnico-profesionales o universidades privadas.

De las 106 leyes aprobadas durante 2015, solo 54 corresponden a mensajes ingresados durante el actual Gobierno, pero muy pocas apuntan a solucionar los problemas que hoy enfrenta el país, como reducir la delincuencia y aumentar la calidad de la educación y la salud. Por ejemplo, pese a los serios problemas que enfrenta el sector salud como el déficit de infraestructura y el explosivo aumento de las listas de espera y de la deuda hospitalaria, los únicos proyectos en tabla son la despenalización del consumo de marihuana y del aborto.

Un buen Gobierno siempre debe tener a la vista el bien de todos los chilenos, y para ello es indispensable escuchar a los expertos, consultar distintos criterios y reflexionar serenamente sobre los efectos de las medidas que se proponen así como de los caminos de implementación que se trazan. Un diálogo prelegislativo con actores de la sociedad civil y de todos los sectores políticos evitaría que se vuelvan a cometer errores que son totalmente predecibles y terminan dañando el prestigio del Gobierno y de la actividad política en general.

Experiencias como la de la Agenda de Probidad, donde se constituyó una comisión transversal y donde hubo profuso diálogo político, permitió significativos avances en las materias donde se encontraron acuerdos. Esto último explica que se hayan retomado iniciativas que fueron impulsadas por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, como la Ley de Probidad Pública, donde se aprobó unánimemente la autonomía constitucional del Servicio Electoral.

El diálogo y la búsqueda de acuerdos -tan despreciados por los conductores de la retroexcavadora- son el mejor camino para un buen trabajo legislativo. Por el contrario, la falta de diálogo -como la que caracterizó la discusión sobre la glosa de gratuidad- dio lugar a un bochornoso traspié en el Tribunal Constitucional y, pese al despacho de la Ley Corta, aún mantiene con una alta incertidumbre a muchos postulantes a la universidad y sus familias.

Lamentablemente, en materia legislativa el 2015 será recordado como un año de improvisación y escasos avances. Es de esperar que el 2016 traiga mayor voluntad de diálogo para comenzar a dar respuestas concretas a las urgentes necesidades sociales que tienen los chilenos.

Columna publicada en La Tercera 31/12/2015